El 5 de enero de 1998 quedaron establecidos los ejes por los que giraría la situación de los derechos humanos: la impunidad de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar y la “cuestión policial”. Ese día, algunos legisladores de la oposición presentaron un proyecto de anulación de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, dirigido a desarmar la telaraña que impedía el castigo a los responsables de graves violaciones a derechos fundamentales. Por otra parte, unos días antes, el 7 de diciembre de 1997, se había puesto en marcha la intervención de la Policía Bonaerense, para reorganizar la peor fuerza de seguridad del país. Durante los doce meses que siguieron, estos dos ejes atravesaron la cotidianeidad nacional, y 1998 terminó con varios genocidas presos y una preocupante discusión acerca de los métodos para enfrentar el aumento de la criminalidad, por el otro. Todo ello entre marchas, contramarchas, adelantos y retrocesos.
