La situación de las personas privadas de la libertad es uno de los problemas más graves en relación con los derechos humanos en el país. Sin embargo, durante 2008 el tema carcelario permaneció excluido de la agenda pública y del debate social. Además, continuaron reproduciéndose discursos autoritarios que repercuten negativamente en el funcionamiento de la justicia penal y en los derechos de las personas en situación de encierro.
Este capítulo se divide en tres partes: en la primera, se analiza la situación de las personas privadas de libertad en la provincia de Buenos Aires, el exponente más acabado de las lógicas regresivas y autoritarias y del desinterés por la vulneración de los derechos. En la segunda, se da cuenta de la situación de los detenidos y detenidas federales y de las políticas del Estado nacional que, en muchos casos, funcionan como parámetros y estándares para el resto del país. Por último, se consideran los organismos de control y el estado de la discusión sobre la implementación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que exige que la Argentina cree el o los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura.
