A partir del 10 de diciembre de 1983, el proceso de integración de la Argentina al derecho internacional de los derechos humanos se acelera notablemente. Nuestro país expresa su consentimiento en obligarse por los principales tratados de derechos humanos, tanto universales como regionales. Asimismo, acepta la competencia de todas las instancias internacionales no jurisdiccionales de control establecidas por los tratados que se ratifican y la jurisdicción del único tribunal internacional de derechos humanos al que tiene la posibilidad de acceder, la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Recientemente, a través de la reforma constitucional de agosto de 1994, gran parte de los tratados de derechos humanos ratificados por la Argentina, fueron incorporados al derecho interno con rango constitucional. En el mismo sentido, esta reforma dispuso que los restantes tratados tienen jerarquía superior a las leyes. Es así entonces que la discusión acerca de la prioridad entre la validez de un tratado o de una ley, en caso de conflicto entre sus respectivas disposiciones ha quedado definitivamente concluida.
