El Decreto 228/16 declaró la “emergencia de seguridad pública” en el territorio nacional. La medida consideró –entre otras cuestiones– que el narcotráfico es una “amenaza para la soberanía” y estableció un protocolo para que las Fuerzas Armadas derriben aeronaves sospechadas de transportar drogas que sean consideradas “hostiles”. Así, ganó estatuto jurídico en la Argentina la perspectiva de las “nuevas amenazas”, elaborada y difundida por los Estados Unidos desde los años noventa y se declaró de forma oficial el ingreso del país en una “guerra contra las drogas”, fórmula ineficaz y dañina en diferentes experiencias.
Pocas semanas antes, la fuga de los condenados como autores del triple crimen de General Rodríguez, y el derrotero hasta su recaptura fue dejando en evidencia las fallas del sistema de seguridad, tanto nacional como bonaerense y santafesino, los graves problemas de coordinación y conducción, la degradación de las fuerzas policiales, las complicidades con las redes ilegales y la falta de profesionalismo de las policías, los servicios penitenciarios y los poderes judiciales de las distintas jurisdicciones involucradas. La situación de las policías y los servicios penitenciarios representa, además, un grave problema de gobernabilidad y exhibe las limitaciones de las autoridades políticas para dirigir a estas fuerzas. A pesar de la evidente gravedad de la situación, la emergencia a nivel nacional no prevé ninguna medida de reforma y/o control de las estructuras políticas y penitenciarias. En cambio, abre la puerta a la militarización de la seguridad interior.
El mercado de las drogas de consumo prohibido por las autoridades, la circulación de violencia y la corrupción asociada están moldeadas también por las características de los mercados ilegales y las regulaciones prohibicionistas existentes. El narcotráfico, las redes ilegales y los problemas de violencia y delito en los barrios no pueden tratarse en forma indiscriminada, como si fueran un mismo y único problema. La comprensión de estos fenómenos no debería seguir eludiendo que el paradigma prohibicionista es el gran aliado del fortalecimiento empresarial del tráfico de drogas, de su financiamiento y de su lógica violenta.
