Durante 2016 y 2017 se acentuó la persecución penal y contravencional de organizaciones, militantes y activistas por hechos o situaciones relacionados con el ejercicio de derechos humanos: fueron frecuentes las detenciones, la multiplicación de denuncias, la activación de causas judiciales que estaban olvidadas o su culminación con condenas, las multas y clausuras a las organizaciones sociales y sindicales. Estas acciones lesivas convergieron con otras, como la negación de acceso a políticas sociales y de vivienda.
Lo ocurrido en estos meses muestra el modo en que los poderes Ejecutivo y Judicial utilizan dispositivos legales disponibles para actuar sobre reclamos y conflictos sociales, y exhibe si el sistema judicial protege o, por el contrario, persigue la organización social, política y sindical. A la vez, pone en evidencia qué efectos tienen estas medidas en las organizaciones y en la vida de sus integrantes: la criminalización presiona a quienes son sometidos a procesos –más de uno, en muchos casos–, impacta en las organizaciones y, de manera más amplia, tiene consecuencias en las formas de organización y reclamo de la sociedad en su conjunto.
Esta mayor intensidad de la criminalización ocurre en el contexto de las transformaciones económicas implementadas por la alianza gobernante Cambiemos, que dieron lugar a una reconfiguración del actor sindical orientada a buscar acuerdos entre las centrales en pos de la acción conjunta. Las nuevas representaciones se consolidaron en sectores clave y generaron reclamos por los despidos y por el deterioro de los ingresos de los trabajadores y de las condiciones laborales.
