1997 fue un año atravesado por la lucha contra la impunidad. Fue el año en que la sociedad argentina mostró su hastío y su hartazgo por la impunidad. Durante ese año abundaron las expresiones de cansancio por una policía brutal, corrupta, autoritaria y homicida; por un Poder Judicial con una jerarquía manipulada desde el Gobierno Federal, sospechado de corrupción y timorato al momento de asegurar los derechos fundamentales; por la provocación que todavía significa que quienes asesinaron desde el Estado sigan teniendo protección oficial. No debe ignorarse, en este sentido, que la lucha contra la impunidad es la otra cara de la moneda de la lucha por el Estado de derecho: sin duda una de las mayores deudas que las instituciones republicanas tienen con sus ciudadanos es que la democracia argentina está estructurada sobre la base de la falta de castigo ante los ilícitos cometidos por los propios funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En este sentido, la demanda social por el juicio y el castigo por las violaciones a los derechos humanos mantiene su plena vigencia y se renueva incorporando nuevos reclamos que reconocen la misma impunidad.
Cada uno de los apartados de este capítulo ha sido realizado con diferentes estilos y objetivos, pero su lectura global pondrá de manifiesto, a la vez, la extensión de la impunidad y el reclamo generalizado por ponerle un punto final.