La magnitud de la crisis social que estalló en 2001 se mantuvo constante a lo largo de los años 2002 y 2003. Los índices de pobreza e indigencia alcanzaron niveles vergonzosos, el desempleo y el subempleo se consolidaron como elementos estructurales de la crisis y el fenómeno inflacionario impactó seriamente el poder adquisitivo de los sectores asalariados.
Ante este panorama, el Gobierno nacional enfrentó la situación declarando en emergencia alimentaria, ocupacional y sanitaria al país y puso en marcha programas sociales dirigidos a apaciguar el conflicto social de características inéditas que parecía poner en jaque la continuidad del sistema político institucional.
En este capítulo se ofrece un análisis cuantitativo que pone en evidencia las dimensiones de la crisis social. Luego se analiza la respuesta del Estado ante esta situación, que incluye la implementación del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, el desarrollo de un Programa de Emergencia Alimentaria y el lanzamiento del Operativo Rescate en la provincia de Tucumán. Asimismo, se evalúan los resultados de las acciones llevadas a cabo por el Gobierno. Se incluye también un epílogo con información sobre dos fallos de la Corte Suprema de Justicia dictados durante 2002 que afectaron directamente la situación de los trabajadores: la convalidación de la constitucionalidad de la Ley de Riesgos del Trabajo y el pronunciamiento contrario al sistema de déficit cero implementado a mediados del 2001.
