En esta sección del capítulo centramos el análisis en las prácticas de torturas aplicadas por la policía en todo el territorio nacional, a partir del estudio de información proveniente de distintas fuentes. Una primera evaluación del material recabado permite sostener que la práctica sistemática de la tortura persiste y que la situación se agravó durante el año 2001. Por otro lado, se verificaron numerosos hechos particularmente aberrantes, como la tortura con corriente eléctrica, los casos de asfixia o las amenazas de ejecución. Estas prácticas develan la perversa intención de someter a la víctima a un mayor sufrimiento físico y/o mental.
El análisis sobre la reacción del Poder Judicial frente a estos casos no arrojaba signos alentadores. La justicia no respondía ante la gravedad y sistematicidad de las prácticas de tortura y, al omitir su control y castigo, permitía que estos terribles delitos sigan cometiéndose. Finalmente, a la falta de respuesta por parte del Poder Judicial se sumaba la ausencia de políticas institucionales de prevención de las prácticas de torturas y de las condiciones que las promueven. Se registraron, en cambio, casos concretos de funcionarios, cuyo accionar fomentaba este tipo de conductas.
Esta sección se divide en dos partes. En la primera se analiza la situación de la tortura a nivel nacional, la segunda describe, específicamente, la situación en la provincia de Buenos Aires. Esto no sólo obedece a la significación que tiene esta provincia -en términos de cantidad de habitantes, con relación al resto del país-, sino también, a que Buenos Aires es una de las jurisdicciones donde se denuncian con mayor frecuencia los hechos más graves.
