Durante años la situación de los usuarios de los servicios de salud mental permaneció fuera de la agenda pública. Sin embargo, cobró el impulso político necesario para plasmarse en una norma legislativa concreta: la Ley Nacional de Salud Mental. Tuvo que ver, por un lado, con la consolidación de un movimiento activo de usuarios y familiares de los servicios, acompañados por organismos de derechos humanos, y por otro lado, con compromisos internacionales asumidos por el Estado.
En este capítulo se reseñan los avances y retrocesos en relación con la implementación de la ley. También se analizan cuestiones no resueltas, como el problema de las restricciones a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad psicosocial y las internaciones involuntarias. Se reflexiona también sobre la experiencia de la campaña por el derecho al voto de los usuarios de servicios de salud mental, que constituye un importante avance en relación con la protección de la capacidad jurídica de este sector, y a su vez es un ejemplo de la gran cantidad de problemáticas relacionadas con salud mental que aún están pendientes.
