La comunidad de derechos humanos ha incorporado cada vez más a su agenda las injusticias graves y sistemáticas que resultan de la aplicación de leyes y políticas contra los estupefacientes. Junto con organismos de América del Norte y Europa, las organizaciones latinoamericanas de derechos humanos estuvieron a la vanguardia de esta estrategia. Esto se corresponde con la posición más abierta que han adoptado recientemente varios gobiernos latinoamericanos respecto del sistema internacional de fiscalización de estupefacientes, administrado a través de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).
Este capítulo sitúa la importancia de la promoción de los derechos humanos en la reforma de la política de drogas en un contexto histórico más amplio. Examina los daños recurrentes que resultan de las políticas represivas y punitivas contra las drogas, y la falta de transparencia acerca de los impactos negativos de los programas de lucha contra los estupefacientes, que –según mediciones de la Unodc– han sido un fracaso rotundo.
Desde el punto de vista de los derechos, es motivo de gran preocupación que los violentos y militarizados esfuerzos que se llevan adelante para suprimir el tráfico por la fuerza permitan al Estado renunciar a sus obligaciones básicas para con los ciudadanos –en general los más vulnerables y marginados–, incluidos la negación de tratamientos, servicios y acceso a la justicia. Que la aplicación de políticas antidrogas refuerce la desigualdad racial, de género y socioeconómica, además de imponer costos de ejecución desproporcionadamente elevados a los países del sur, subraya la urgencia con la que se necesita un cambio normativo.
