Las políticas de memoria, verdad y justicia pueden ser leídas a partir de la lucha contra la impunidad y los logros del movimiento de derechos humanos a cuarenta años del golpe de Estado que, con diferentes estrategias, fue fundamental en el sostenimiento de las exigencias al Estado argentino para que investigara y sancionara a los responsables y en mantener vivo de un modo efectivo en el campo simbólico el reclamo por justicia.
Desde la reapertura de las causas por crímenes de lesa humanidad que se inició en 2001 y se completó en 2005, el Poder Judicial enfrentó desafíos extraordinarios, tanto por la gran cantidad de víctimas –miles de detenidos-desaparecidos y asesinados, miles de torturados sobrevivientes de centros clandestinos– y victimarios –cerca de tres mil identificados, miles sin identificar–, como por el tipo de delitos: secuestros, torturas, violaciones, homicidios, desaparición de personas, cometidos en forma premeditada, sistemática y clandestina. En los últimos años se amplió la indagación y el esclarecimiento de las responsabilidades de diferentes actores civiles en los delitos de lesa humanidad. Del avance de estas causas depende la posibilidad de establecer en sede judicial la verdad sobre los vínculos entre el gobierno de facto y sectores del poder económico, eclesiástico y judicial.
Nos encontramos en un momento de inflexión: por el tiempo transcurrido desde los hechos; por la edad avanzada de los sobrevivientes, de los familiares de las víctimas y de los imputados; y por la trascendencia que tiene este proceso para la consolidación del Estado de derecho. Los esfuerzos deben orientarse a sostener procesos judiciales eficaces que concluyan en sentencias definitivas. El 40º aniversario del golpe militar nos coloca frente al desafío de sostener y completar este proceso.
