En este capítulo se resaltan dos avances sustanciales tuvieron lugar en 2009: la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que reemplazó al Decreto-ley 22 285, promulgado durante la última dictadura militar y la despenalización de las figuras de calumnias e injurias para todas las expresiones referidas a asuntos de interés público. Este recorte se realiza con el objetivo de analizar su repercusión sobre el ejercicio efectivo de la libertad de expresión entendida como un derecho humano fundamental. Se afirma que estos adelantos conseguidos durante 2009 deben funcionar como un estímulo para continuar desarrollando la agenda pendiente.
Por último, se destaca que las innovaciones tecnológicas y las nuevas modalidades que puede tomar el ejercicio efectivo de la libertad de expresión entrañan también nuevas amenazas al pluralismo y la diversidad de voces. Se hace hincapié en la necesidad de un Estado activo con iniciativa propia para generar políticas, que no actúe como mero brazo ejecutor de las demandas corporativas. Además se destaca que aún subsisten grandes omisiones en torno a cuestiones urgentes, como la aprobación de una ley nacional de acceso a la información pública y una ley federal de estadísticas, la creación de un mecanismo claro, transparente y no discriminatorio para la asignación de la pauta publicitaria oficial y la reforma del Código Civil para limitar los montos de las indemnizaciones en los procesos por calumnias e injurias.