Durante 2009 y 2010, el tema de la democratización del acceso al debate público ocupó un rol central en la agenda de los tres poderes del Estado. En este sentido, la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y la despenalización de las figuras de calumnias e injurias constituyeron avances significativos. Sin embargo, todavía quedan múltiples deudas pendientes en relación con la libertad de expresión y el derecho a la información. En este capítulo se analizan las principales problemáticas en torno a estos temas y los avances ocurridos durante 2010.
En este sentido, se reseñan cuestiones como el proceso de implementación de la LSCA; la situación de empresas particulares de internet, cable y telefónicas; la necesidad de generar un cambio cultural que evite la persecución penal por delitos de difamación y la persistencia de restricciones indirectas a la libertad de expresión, como la falta de regulación del acceso al papel periódico y la ausencia de un mecanismo transparente y equitativo para el reparto de la pauta publicitaria oficial. Se da cuenta, asimismo, de los avances ocurridos en el reconocimiento del derecho al acceso de la información pública.
