La grave situación de las personas privadas de libertad en la Argentina, en particular en la provincias de Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe, es una consecuencia directa de las políticas de seguridad y judiciales y representa uno de los problemas de derechos humanos más serios que enfrenta el país.
Este capítulo pretende mostrar el lugar central de la cárcel y la privación de libertad en las políticas de control del delito y de seguridad en la provincia. Da cuenta a su vez del impacto de estas políticas para los lugares de detención, convertidos en espacios donde rige el estado de excepción, marcados por el efecto perverso y deshumanizador de lo cotidiano, las violaciones sistemáticas de derechos, la arbitrariedad y la corrupción.
Se desarrollan algunos temas relacionados con el paradigma de la punitividad exacerbada, el alojamiento de personas detenidas en comisarías como variable de ajuste de la capacidad del sistema a costa de la violación extrema de derechos, la tortura, el maltrato y las condiciones estructurales de violencia en la provincia de Buenos Aires.
Por último, se dedica un apartado al análisis de los mecanismos de control, donde se resalta la necesidad de un involucramiento activo de las instancias judiciales al mismo tiempo que se señala a los medios de comunicación como un actor clave en el debate por su papel a la hora de presentar las noticias, reproducir y fomentar la estigmatización social, contribuyendo de esta forma al proceso de endurecimiento del sistema penal.
