En este capítulo se aborda la respuesta del Estado frente a la expresión de los conflictos sociales en el espacio público.
En primer lugar, indaga en el debate sobre el control del espacio público y analiza la respuesta estatal frente a distintos conflictos. En este sentido destaca que durante 2006, y a diferencia de en años anteriores, no fueron las organizaciones de desocupados las que protagonizaron las principales protestas, lo cual se vio reflejado en una disminución de la cantidad de cortes de rutas y de calles. Señala también que a los conflictos laborales que habían reaparecido en 2005 se sumaron disputas por uso del espacio público por parte de otros sectores que culminaron con hechos de represión.
Luego se analiza la respuesta judicial en dos casos paradigmáticos de represión y criminalización de la protesta social: los hechos del Puente Pueyrredón en la provincia de Buenos Aires en 2002 y los incidentes frente a la Legislatura de Buenos Aires en 2004. Asimismo, se tratan en detalle los avances y retrocesos de la causa judicial por los hechos del 20 de diciembre de 2001 en las inmediaciones de la Plaza de Mayo.
