El hecho más trascendente de la agenda de memoria, verdad y justicia de este período fueron las enormes movilizaciones de cientos de miles de personas en rechazo del fallo “Muiña” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que acortó la pena de un condenado por delitos de lesa humanidad. El repudio social fue seguido de una ley prácticamente unánime del Congreso de la Nación, que anula la interpretación que la mayoría de la Corte había establecido. Este acontecimiento social, político y judicial actualizó la potencia del acuerdo nacional contrario a la impunidad por los crímenes del terrorismo de Estado, fundante de la democracia argentina.
En nuestra historia, las búsquedas de memoria, verdad y justicia siempre estuvieron vinculadas: el avance en cada uno de estos valores fortaleció un camino integrado contra el olvido, la mentira y la impunidad. A partir de 2003, en torno de una política de Estado se articularon diversas y numerosas acciones en las tres dimensiones, que se fortalecieron unas a otras. De forma análoga pero opuesta, diversas acciones del gobierno de Cambiemos también mostraron cómo se afectan entre sí las agendas de memoria, de verdad y de justicia: el debilitamiento de las políticas públicas relacionadas con cada uno de los tres ejes comenzó a irradiar negativamente sobre los otros.
En este tiempo también hubo sentencias judiciales positivas y un conjunto de políticas públicas tuvo continuidad. Paralelamente, se articularon nuevos espacios de organización, entre ellos una mesa de más de una docena de organismos de derechos humanos que permitió acciones conjuntas y una mayor relación entre estas organizaciones y los sindicatos, cuyo punto máximo fue compartir la cabecera de las masivas marchas por el aniversario del golpe, así como su presencia en la movilización contra la decisión de la Corte.
