En las sociedades democráticas, el espacio público es un escenario en el que suele presentarse una amplia gama de derechos en conflicto. En América Latina, esta situación se acentúa debido a las desigualdades sociales, la urgencia de las demandas, las dificultades que enfrenta el sistema político para resolver los conflictos de un modo inclusivo y la vigencia de un diseño institucional que suele favorecer el acceso al Estado de los sectores más beneficiados. Por esta razón, es importante fortalecer las instituciones democráticas para que puedan dar respuesta apropiada a los reclamos. En este sentido, debe tenerse en cuenta que las demandas de no criminalización ni represión de manifestantes no implican una prohibición para que el Estado actúe en estas situaciones y busque proteger la vida e integridad física de los manifestantes y de terceros.
En este capítulo se analizan las formas concretas en que el Estado respondió a las distintas manifestaciones en el espacio público. Desarrolla dos casos de características muy distintas: por un lado, la respuesta a los cortes de ruta realizados por entidades agrarias, que supusieron un cambio respecto al sujeto habitual de las protestas y, por otro, la intervención de instituciones de seguridad en manifestaciones y desalojos, en la que se manifiestan problemas graves que deben ser investigados.
