En 2004, los discursos de funcionarios públicos sobre la defensa de los derechos humanos, el control de las instituciones y la necesidad de que las políticas de seguridad tengan en cuenta el contexto social convivieron con acciones y normativas regresivas. Entre estas últimas pueden incluirse el aumento de las penas de varios delitos y los operativos de ocupación con lógicas militarizadas con los que el Estado intentó responder al problema de la inseguridad en los barrios más pobres.
Este capítulo presenta elementos para analizar el desarrollo, durante 2004, de un proceso que fortaleció una perspectiva de seguridad contraria a los derechos humanos. Se divide en dos secciones: la primera aborda la cuestión desde un punto de vista normativo, haciendo referencia a las políticas implementadas por los poderes Ejecutivo y Legislativo durante 2003 y 2004 en materia de seguridad, al impacto de los reclamos por seguridad en la Provincia de Buenos Aires y al efecto que produjo la identificación del conflicto urbano como un problema de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. La segunda parte aporta una visión más ligada a las prácticas y analiza las políticas autoritarias y segregacionistas ejercidas por el Estado sobre territorios que concentran carencias estructurales y de derechos.
Asimismo, se señalan las propuestas, alternativas y resistencias que surgieron ante la consolidación de prácticas de seguridad autoritarias
