En el contexto posterior a la crisis del 2001, surgió el primer programa de transferencia de ingresos aplicado masivamente en el país: el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados. Luego, entre los años 2003 y 2004, el Estado Nacional instrumentó nuevos programas sociales, entre ellos, Familias por la Inclusión Social y Adulto Mayor Más.
Todos estos programas se afirman discursivamente en la consagración de derechos. Esto debería implicar no solo la imposición de obligaciones para el sujeto pasivo, sino también el reconocimiento de la potestad del titular a realizar reclamos ante un tribunal de justicia.
En función de esto, en este capítulo se examinan los mecanismos institucionales de reclamo previstos en el diseño de cada programa, y la forma en que estos fueron analizados en expedientes administrativos y judiciales. Se busca así constatar la presencia o ausencia de mecanismos de tipo administrativo y judicial, así como evaluar su idoneidad para garantizar el acceso a la justicia de los potenciales afectados. A través de este análisis se pretende extraer conclusiones sobre el diseño institucional de los programas y sobre las percepciones que tienen sobre ellos los funcionarios judiciales.
Al final del capítulo, se proponen líneas de acción específicas para la creación de mecanismos sencillos, gratuitos y rápidos de reclamo.
