Los hechos de diciembre de 2001 pusieron en jaque como nunca antes la vigencia de los derechos humanos desde el restablecimiento de la democracia. En la Ciudad de Buenos Aires perdieron la vida decenas de personas, muchas resultaron con heridas de armas de fuego y cientas fueron detenidas en virtud del estado de sitio impuesto de forma ilegal sobre le final del gobierno de Fernando de la Rúa. Aún con ese escenario de fragilidad institucional, la salida de la crisis se hizo con el consenso de impedir un quiebre de las reglas democráticas y constitucionales.
En el camino a esa crisis, cada vez más regresivo, las protestas sociales fueron perseguidas, reprimidas y criminalizadas. El conflicto social fue abordado de la manera menos democrática posible: como un problema penal. Por otro lado, la crisis de representación y el desprestigio de la política hicieron necesaria la discusión, por un lado, de la reorganización de las reglas de la competencia político-electoral, y la administración de justicia, por otro. 2002 impuso el debate sobre el modelo de tribunal que la democracia necesita, como un primer paso hacia la reforma judicial. A pesar del alejamiento, cuando no indiferencia, de la justicia de los problemas sociales, se declararon nulas las leyes de la impunidad a través de sentencias.
A casi veinte años del fin de la dictadura nuestro país enfrentó el desafío de recuperar el valor y el sentido de su proyecto democrático.
