El 40º aniversario del 24 de marzo coincidió con la visita del presidente de los Estados Unidos Barack Obama. Como resultado, la conmemoración y la lucha por la justicia y la verdad ocuparon el primer lugar en la agenda política nacional e internacional. Luego del homenaje a las víctimas, donde los secuestrados eran arrojados adormecidos desde aviones, el presidente Macri se refirió al terrorismo de Estado con fórmulas elípticas que igualaron la violencia estatal con la de las organizaciones políticas armadas. Aun así, la relevancia del acto en el parque, otras piezas de comunicación pública sobre los cuarenta años del golpe y las declaraciones de varios funcionarios del gobierno nacional sobre la continuidad del proceso de memoria, verdad y justicia expresaron la reafirmación por parte del nuevo gobierno de las políticas públicas respecto de los crímenes de lesa humanidad; es temprano aún para evaluar la efectiva implementación de este compromiso.
El gobierno nacional puso en marcha una reconfiguración del modelo económico-social de la Argentina. Las primeras decisiones –entre las que se cuentan el desfinanciamiento del Estado debido a la reducción de impuestos y retenciones a los sectores de mayores ingresos, la apertura externa y el endeudamiento internacional, los límites al acceso a la cobertura previsional y el aumento de las tarifas de los servicios y el transporte– muestran una orientación de política económica que ya tuvo sus primeros impactos en la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y de decenas de miles de puestos de trabajo públicos y privados. Como consecuencia, en los primeros meses se verificó una transferencia de ingresos que desplazó hacia la pobreza a más de un millón de personas, según investigaciones privadas sobre el primer trimestre de 2016, y acrecentó la desigualdad social.
