En el 2006 se produjeron dos grandes avances hacia el fortalecimiento del Estado de derecho: la reanudación de los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y el cierre del ciclo de renovación de la Corte Suprema de Justicia.
Estos avances contrastan con la persistencia de debilidad institucional en algunos temas sensibles y con la pervivencia de altos niveles de exclusión social. Por esta razón es imprescindible que el Estado priorice el acceso a la ciudadanía plena de los vastos sectores sociales que permanecen al margen de los beneficios del sistema democrático.
El Informe Anual 2007 presenta un balance de los principales avances y retrocesos en materia de institucionalidad democrática e inclusión social. En este sentido, repasa los acontecimientos más importantes acontecidos durante el 2006 e insiste sobre la necesidad de promover políticas públicas que tiendan al fortalecimiento de un Estado protector de los derechos humanos que se exprese no solamente en el reclamo por las atrocidades del pasado, sino también por las injusticias del presente.