Este informe advierte sobre las deudas pendientes hacia ciertos sectores cuyos derechos aún se encuentran postergados. En este sentido, da cuenta de problemáticas como el acceso a la tierra y a la vivienda, y el avasallamiento de los derechos laborales.
En materia de seguridad, analiza los hechos de represión de la protesta social en 2011, así como el riesgo de la llamada ley antiterrorista, que podría ser utilizada contra referentes sociales o manifestantes en general. También analiza los modelos de seguridad vigentes a nivel federal, bonaerense y porteño.
En relación con el proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad, reseña las principales sentencias del año, en particular la condena en el caso ESMA. Remarca que el proceso de juzgamiento convive con las serias violaciones de derechos humanos que ocurren en la actualidad en las cárceles argentinas.
Además de relevar los principales hitos del año, el informe destaca la necesidad de consolidar los posicionamientos protectores de derechos humanos en políticas de Estado y resalta el compromiso que los tres poderes deben asumir en este sentido.
