Este Informe se cierra en una coyuntura muy particular en materia de derechos humanos. Una cantidad de decisiones, medidas y hechos afectan negativamente cuestiones críticas de la agenda y los mecanismos de protección de derechos en la Argentina. No se trata de hacer una caracterización global del proyecto que lleva adelante la alianza Cambiemos, sino de señalar una preocupante convergencia de acciones y decisiones políticas y judiciales que erosionan aspectos nodales del sistema de derechos humanos en el país.
Desde que asumió el gobierno colocó el reclamo de comunidades mapuches por la tierra y el problema del narcotráfico entre los peligros principales de la seguridad nacional. Esto es parte de una de las líneas más consolidadas en el programa de Cambiemos: la reinscripción del país en la agenda global de las “nuevas amenazas”. En general, desde 2015 el gobierno asumió una posición muy adversa a la protesta social y a la movilización pública como formas de expresión e interpelación a las autoridades. Desde el Ministerio de Seguridad esto se tradujo en normativas como el llamado “protocolo antipiquetes” y en represiones que causaron heridos de gravedad, especialmente durante 2017.
Por otra parte, asistimos desde hace dos años a una fuerte transferencia de ingresos hacia los sectores más poderosos. Esto, a través de políticas como la devaluación, la eliminación o reducción de retenciones a las exportaciones –recaudación que fue en parte compensada por un drástico proceso de endeudamiento público– y el marcado aumento de las tarifas de los servicios domiciliarios, entre otras decisiones de alto impacto para la clase media y los sectores más vulnerables.
Las señales que ponen en alerta núcleos de la agenda de derechos humanos no provienen sólo de los discursos y acciones de los poderes ejecutivos a nivel nacional y provincial. Las posiciones negativas tienen una marcada convergencia entre medidas de gobierno y decisiones del Poder Judicial. Una de ellas se plasmó en la decisión de la Corte de acortar la pena de un condenado por crímenes de lesa humanidad, en una muy controversial aplicación de la regla conocida como “2 por 1”.
Este escenario pone en alerta los núcleos de la agenda de derechos humanos en la Argentina.
