Durante diciembre del 2001, Argentina vivió una serie de acontecimientos que marcaron sensiblemente su historia institucional y política. En sólo quince días el país tuvo cinco presidentes, consolidó su default financiero, abandonó la férrea política cambiaría que desde 1991 sostenía y devaluó el peso. Todo ello en medio de una crisis socio-económica que todavía reclama recaudos extremos.
En un contexto de profundo retraimiento económico e inequidad social se produjeron en todo el territorio encendidas manifestaciones de protesta. Contra ellas, el Estado desplegó una fuerte represión que incluyó la declaración de estado de sitio en toda la Nación. Alrededor de treinta personas murieron y otras 4500 fueron detenidas. Durante el conflicto, muchos comercios fueron saqueados, un gran número de ellos por grupos de personas provenientes de sectores relegados, y se produjeron destrozos en un clima violento que el Estado no pudo contener.
La relación que durante estos días ligó a los manifestantes con las instituciones públicas debe ser analizada cuidadosamente y desde distintas perspectivas. El presente capítulo propone abordar la cuestión bajo el prisma de los derechos humanos. Desde esta perspectiva, puede concluirse, al menos, que los órganos políticos, las fuerzas de seguridad y la justicia fallaron en su deber de asegurar la vida, la libertad de expresión y los bienes de los habitantes de la Nación.
