El capítulo tiene dos secciones, la primera es “Represión a las protestas sociales y a la oposición política”, la segunda es el “Pronunciamiento del Comité de Acción Jurídica”.
El año 1997 se caracterizó por un importante número de protestas sociales y por una nueva modalidad de reclamo: los cortes de ruta. Estos hechos, que abrieron una vez más el debate acerca de los efectos del proceso de exclusión social, nos obligaron a poner en discusión la forma que encontraron el Poder Ejecutivo Nacional y los provinciales para -pretendidamente- enfrentarlos y disolverlos. Prestamos especial atención a la represión organizada por las fuerzas de seguridad y a la persecución judicial a los dirigentes sindicales, que demostraban claramente la interpretación oficial acerca de las protestas y conflictos sociales, en términos de seguridad interior antes que en términos de oposición política y social. Hasta el cierre del informe de 1997 existían ya más de 600 causas penales contra dirigentes, delegados y activistas sindicales, iniciadas por el solo hecho de ejercer los legítimos derechos constitucionales de peticionar ante las autoridades, de huelga, de expresar las ideas en forma pública.
