Durante 2013 y 2014, la seguridad se instaló como tema central de las discusiones políticas y electorales. Candidatos, funcionarios, periodistas y celebridades propusieron el endurecimiento penal, en una escalada que expresó el resurgimiento de consensos punitivos luego de varios años en los que el discurso único de la mano dura se había resquebrajado.
El capítulo analiza las consecuencias de estos mensajes de endurecimiento en las políticas de seguridad y persecución penal: los recursos se direccionan a perseguir delitos menores, la efectividad se mide en cantidad de detenciones, se incentiva el uso de armas, se dan mayores oportunidades al abuso policial, se tolera la corrupción, se fomenta la desprofesionalización de las policías. En este escenario, no aparece en la agenda pública y política la necesidad de reformar y democratizar las fuerzas de seguridad.
