La inseguridad suele ser presentada como un fenómeno vinculado al desorden, frente al cual diversos actores reclaman al Estado que incremente el control y el castigo. Una perspectiva más democrática debería entender que el delito es un fenómeno social y que el Estado no es ajeno a la generación de ilegalidades y violencia.
Este capítulo trata problemas vinculados con las políticas de seguridad, a partir del análisis de hechos ocurridos en el 2008. Analiza las demandas sobre “olas de inseguridad”, concepto que intenta desnaturalizar. Aborda la influencia de la falta de información oficial en los debates y en la implementación de políticas. Muestra también cómo las políticas públicas, las percepciones sobre la inseguridad, las prácticas sobre producción de información, y las rutinas policiales y judiciales producen concentraciones de violencia y vulneración de derechos, además de generar la exclusión de determinados sectores sociales.
Por último analiza cómo el retroceso de los referentes políticos en los debates públicos tiene un correlato directo en las medidas adoptadas. Y concluye que es necesario desarticular los espacios en los que las instituciones de seguridad reproducen el autoritarismo, las violaciones de los derechos humanos y las formas de violencia estructural contra sectores vulnerables.
