En este capítulo evaluamos los modelos de gobierno de seguridad y su relación con los derechos humanos en tres jurisdicciones: federal, bonaerense y porteña.
A nivel nacional fue el primer año de funcionamiento del Ministerio de Seguridad, que implementó una estrategia de recuperación del gobierno político de la seguridad. En 2012 la provincia de Buenos Aires ya contaba con cuatro años de políticas que delegaron la seguridad en la Policía Bonaerense y redundó en problemas como corrupción, connivencia con redes delictivas, ineficiencia para investigar y casos de violencia policial. Por último, respecto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires analizamos el segundo año de funcionamiento de la Policía Metropolitana y remarcamos su vinculación en hechos de violencia, como la represión en el Parque Indoamericano.
Además del análisis general, el capítulo da cuenta de hechos específicos de violencia policial en cada jurisdicción analizada. Dedicamos también un apartado a señalar la situación de la provincia de Chubut en 2010 y 2011, años en los cuales hubo una cantidad preocupante de hechos violentos por parte de la policía provincial, dirigidos especialmente hacia la población joven.