En los últimos meses del 2001 surgieron numerosos reclamos sociales que se dirigían contra el sistema de administración de justicia en general, y contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en particular. Sin embargo, la crisis de legitimidad de la justicia se percibía hacía tiempo, y con diferente intensidad, en distintas provincias de todo el país. Lamentablemente, esta situación era mucho menos conocida. Por ello, y por la íntima relación que existía entre un Poder Judicial legítimo y el respeto de los derechos fundamentales, es que desde el CELS hemos decidido incluir por primera vez en el informe anual sobre derechos humanos, un capítulo sobre la administración de justicia, comenzando con algunos de los problemas más importantes en determinadas provincias argentinas.
En este apartado nos referimos a los problemas y desafíos más importantes en cinco provincias argentinas. Si bien no cubrimos todos los ejemplos, se exponen situaciones realmente graves, que demuestran, en muchos casos, el descalabro que padecían varías de las justicias provinciales.
En primer lugar, analizamos la situación que atravesaba la justicia en las provincias de Tierra del Fuego, Santiago del Estero y San Luis. En estos tres casos, el eje es la evidente vulneración del principio de independencia judicial. Luego, hacemos referencia a la situación de vulneración del derecho a acceder a la justicia de las personas sin recursos en la Ciudad de Buenos Aires, en donde el servicio de asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito no lograba cubrir una demanda importante. Por último, hacemos mención a las falencias de la administración de justicia en la provincia de Buenos Aires, donde en materia contencioso administrativa (es decir, en casos relacionados con la gestión gubernamental, provincial o municipal), no se encontraba garantizado el derecho de las personas a acceder a tribunales especializados y cercanos.
