La situación de las personas privadas de su libertad en Argentina reflejaba en el año 2000 algunos defectos más o menos tradicionales de la administración local en materia de derechos humanos. La ausencia de una política clara y respetuosa de los derechos de las personas detenidas era relativamente constante, aunque la improvisación y la desidia no parecían ser notas exclusivas de este ámbito. Junto a ellas, ahora sí con singularidad, la anomia y el retraimiento institucional frente al devenir penitenciario y la absoluta subordinación de la actuación de este segmento a los vaivenes autoritarios, eran, de nuevo, el paradigma que mejor explicaba el sesgo de las cárceles del país.
Presentaremos primero una serie de datos ineludibles para una primera comprensión de lo que ocurría e inmediatamente después una descripción somera de las principales falencias en materia de seguridad personal respecto de los detenidos. Finalmente, se hará foco en la necesidad de un mayor activismo judicial sobre la materia, en la convicción de que los abusos no son posibles más que al abrigo de una magistratura ausente.
