Atenuar las secuelas de la desigualdad fue una de las funciones clásicas de la política social. En Argentina, esta tradición se reflejó principalmente en el impulso de acuerdos institucionales, que ligaron los derechos sociales a la condición de trabajador asalariado formal. La intervención estatal se estructuró bajo la lógica de seguros sociales y estableció la educación y la salud como políticas universales. De esta forma, hacia mediados del siglo XX, el trabajador asalariado formal se convirtió en el sujeto central de la política social.
Durante la década de 1990, los procesos de reforma y ajuste estructural aplicados en la región provocaron el crecimiento de la pobreza, el desempleo y la desigualdad social. Se trató de un esquema de intervención recomendado ampliamente por los organismos internacionales de asistencia crediticia y aplicado por las coaliciones gobernantes.
En este contexto, en este capítulo se analiza lo acontecido en materia de políticas sociales en Argentina durante la gestión de Néstor Kirchner, en particular en el 2007, entendiendo principalmente que la intervención en políticas sociales reflejó dos grandes líneas; por un lado, aquéllas dirigidas a los trabajadores asalariados formales, por otro, las políticas destinadas a los sectores no integrados al mercado laboral formal, mediante los programas sociales de transferencias de ingresos. Se hace énfasis en las tensiones que provocaron las dinámicas adoptadas y sus consecuencias en materia de derechos humanos, al mismo tiempo que se dejan enunciados dilemas actuales y desafíos pendientes.
