El proceso de inclusión económica iniciado en 2003 no logró resolver casi una década después demandas de amplios sectores postergados de la población. En este sentido el derecho al acceso a la tierra y el territorio en el ámbito rural, así como al suelo y la vivienda en el ámbito urbano constituyen una deuda pendiente. Esta situación se ve agravada por la respuesta violenta del Estado ante los reclamos de varios grupos que se organizaron para pedir por la reivindicación de sus derechos.
Debido a los numerosos casos de represión, el capítulo plantea la necesidad de regular mediante una ley del Congreso protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones de este tipo y de establecer mecanismos de control adecuados.
