La década de 1990 en la Argentina se caracterizó por la consolidación de un modelo socio-económico tendiente a desmantelar las instituciones típicas de los modos de organización denominados genéricamente como “regímenes” de Estados de Bienestar. Así, en el término de diez años, se implementaron políticas que provocaron la privatización de prácticamente todas las empresas públicas que prestaban servicios de uso económico masivo (teléfonos, gas, electricidad, agua, transporte, siderúrgicos), la promoción y apertura al libre movimiento de capitales, la reducción abrupta de aranceles a la importación y remoción de la mayoría de las barreras no tarifarías, la sujeción del tipo de cambio al dólar estadounidense, la re-programación de la deuda externa comprometiéndose al cumplimiento estricto de pagos en el contexto del Plan Brady, junto con nuevo endeudamiento que superó el doble del monto de comienzos de la década del ochenta, y la remoción de las regulaciones de la tradicional “red de seguridad laboral” que caracterizó al Estado de Bienestar argentino. En idéntica forma se produjeron cambios sustanciales en materia del sistema previsional, de asignaciones familiares, y en las políticas de salud, educación y empleo.
En el presente informe analizaremos dos medidas impulsadas por el Gobierno Nacional que tienden a precarizar aún más, la situación laboral en la Argentina: la cuestionada Ley de Reforma Laboral sancionada en el mes de mayo y la rebaja salarial impuesta a los empleados públicos federales a mediados del 2000.
