Desde 2003, se ha implementado una política de no reprimir durante protestas sociales. Dicha política fue una de las medidas identitarias del gobierno de Néstor Kirchner y se caracterizó también por la presencia de interlocutores civiles en el lugar de conflicto y la prohibición de portación de armas de fuego.
Sin embargo, el gobierno nacional no fijó un piso común para promover los estándares no represivos a las policías provinciales. Por otra parte, si bien se incorporaron principios respetuosos de los derechos humanos en distintas normativas internas de las instituciones de seguridad, la aplicación de dichos principios ha sido irregular. A la fecha, la elaboración de una regulación clara sobre las formas en que debe actuar la policía en contextos de conflicto social continúa siendo una deuda pendiente. En este sentido, impulsar una ley nacional que establezca principios de actuación para estas circunstancias podría resultar una solución posible para afianzar los derechos fundamentales del sistema democrático.
En este capítulo se reseñan los hechos de represión de conflictos en el espacio público ocurridos en el país durante 2010 que han ocasionado muertos o heridos graves. Se analizan también las primeras medidas sobre este tema adoptadas por el Ministerio de Seguridad desde su creación en diciembre de este año.
