Durante 1996 aconteció una trágica saga de hechos de extrema violencia policial contra ciudadanos. Sin embargo, y a diferencia de lo ocurrido en años anteriores, esta vez, la gravedad de la situación y, fundamentalmente la crítica social, abrieron el espacio para cuestionar seriamente la forma en que las instituciones policiales provocaron estas gravísimas violaciones a los derechos humanos. Los responsables políticos e institucionales han preferido señalar el carácter “extraordinario” de estos hechos, atribuyéndolos a “excesos” de algunos malos policías. Sin embargo, la investigación de abogados de derechos humanos y, en algunos casos, la investigación judicial, han presentado argumentos para la demostración de que la brutalidad de estas practicas represivas estaba apoyada, en buena medida, por los reglamentos y leyes policiales, por la forma de organización institucional y por las practicas consuetudinarias de los agentes y oficiales.
En los casos de muertes de civiles por violencia policial, aparecieron constantes que permitieron afirmar que se trata de modus operandi de muchos sectores y grupos policiales, antes que de casos extraordinarios. Los hechos de violencia, abuso y corrupción que aquí expondremos han provocado una fuerte crítica social, manifestada en marchas pacíficas de la ciudadanía, en declaraciones públicas de personalidades progresistas y en proyectos de leyes y creación de comisiones especiales en el Congreso.
