El 2009 se cerró con una nueva “ola de inseguridad” y con su consecuente reactualización del debate público sobre la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, se perciben diferencias importantes respecto del contexto de discusión existente al comienzo del año, y un dato no menor es que las fuerzas de seguridad involucradas en el problema arrancan 2010 en medio de una crisis de variada magnitud y con un grado importante de descrédito público.
En este capítulo se destaca que durante todo el año la demanda pública se focalizó en la criminalidad juvenil, en la supuesta limitación legal para detener a personas que infringen la ley y en el fingido menoscabo de las facultades policiales y que eso explica buena parte de las políticas asumidas por los distintos gobiernos.
Por eso, se relatan algunos hechos de violencia institucional hacia jóvenes durante el año, entre ellos, la desaparición de Luciano Arruga, y se enfatiza la necesidad de impulsar una discusión amplia sobre el perfil que debe tener un modelo de seguridad democrática. En este sentido, se presenta el Acuerdo para la Seguridad Democrática como una herramienta de trabajo para intervenir e incidir en los debates públicos sobre el tema que se produzcan en el futuro inmediato y se remarca la importancia de una agenda legislativa que incorpore la implementación de un mecanismo de control externo sobre las fuerzas de seguridad federales, así como reformas sobre el sistema de inteligencia y sobre la Ley Orgánica de la Policía Federal.
