Este apartado está dividido en dos: “La violencia de las políticas de seguridad” y “Estadísticas sobre uso de la violencia y casos destacados de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad”.
La violencia de las instituciones del Estado mostró su capacidad para constituirse en estructuradora de los discursos políticos en materia de seguridad pública, con el consecuente debilitamiento del Estado de derecho. Durante 1999, distintos funcionarios y candidatos reivindicaron y promovieron de forma explícita la violencia estatal como mecanismo para construir una convivencia segura. Sostuvieron que el control sobre las agencias del Estado es un límite de su eficacia. Los descubrimientos sobre la participación de policías bonaerenses en el asesinato de José Luis Cabezas y en el atentado contra la AMIA, o de funcionarios de la PFA en las redes de delitos de la ciudad de Buenos Aires pusieron en el centro de la escena política que el accionar violento e ilegal era una parte constitutiva de las prácticas rutinarias de las fuerzas de seguridad en la Argentina.
Ese año, además, estuvo caracterizado por graves violaciones a los derechos humanos como los asesinatos policiales en los que culminó un operativo de rescate de rehenes en Villa Ramallo. Las torturas en sede policial, por otra parte, las ejecuciones y las muertes causadas por el uso abusivo de la fuerza siguen siendo parte de la operatoria de las fuerzas de seguridad.
