A partir de la deficiencia en la producción y en el acceso a las estadísticas oficiales de criminalidad, desde 1996 el CELS lleva adelante una base de datos que registra hechos de violencia en los que participaron funcionarios de instituciones de seguridad y en los que alguna persona resultó muerta o herida. La fuente principal y sistemática son las noticias publicadas en los periódicos de mayor circulación del país, a la que se suman fuentes complementarias. El trabajo centrado en materiales periodísticos implica el posible subregistro de casos, sobre todo en los hechos con víctimas de la acción policial. Sin embargo, el sostenimiento de la metodología durante veinte años permite presentar series y observar las tendencias de distintos fenómenos asociados a la letalidad y a la violencia policial.
Durante 2015 murieron al menos 162 personas en hechos de violencia en los que participaron miembros de instituciones de seguridad: 36 eran integrantes de esas instituciones y 126 eran particulares. Se observa un descenso de la cantidad de particulares muertos respecto de 2014, año en el que se había registrado un pico pronunciado en relación con la última década. Con los valores de 2015, se retorna a niveles semejantes a los alcanzados entre 2009 y 2013. Es decir, persiste un núcleo duro de muertes que las estrategias desplegadas por el Estado no han podido reducir. Por otra parte, el dato más significativo es que en la mayoría de los hechos en los que un integrante de fuerzas de seguridad mató a una persona estaba fuera de servicio.
