Durante 1995 se agudizó la violencia en manos de las fuerzas de seguridad a partir del aumento de la represión del delito menos por parte de agentes fuera de servicio. El mayor porcentaje de víctimas fueron jóvenes menores de 25 años, en especial en el Gran Buenos Aires y el mayor número de víctimas policiales fueron oficiales fuera de servicio.
A la vez, la facultad policial de detener y condenar personas sin orden judicial, fundada en la “detención por averiguación de antecedentes” o en los edictos de policía y contravenciones se presentaba ese año como el modo de operar privilegiado que provocaba constantes violaciones a los derechos humanos. Esas facultades policiales resultaban muchos veces el origen de hechos de violencia policial, especialmente en los casos de muerte y malos tratos en comisarías. Aún cuando estas detenciones no estuvieran acompañadas de torturas y/o apremios, eran uno de los mecanismos represivos más arbitrarios, operando casi exclusivamente sobre determinados grupos sociales: jóvenes, pobres, migrantes.
