La violencia policial y de agentes armados plantea uno de los problemas mas complejos en la lucha por la vigencia de los derechos humanos. La mayoría de estos hechos se presentan a la opinión pública como acontecimientos normalizados y naturalizados. La sección policial de los periódicos o de los noticieros habla cotidiana y naturalmente de la ocurrencia de muertes y lesiones graves como consecuencia de la perpetración o supuesta perpetración de delitos de menor cuantía. El problema es que estos delitos de menor cuantía -robos, hurtos, asaltos a mano armada- son los que producen mayor inseguridad en la vida cotidiana de la población. Aunque existan coyunturas político-económicas en las que la sensación de inseguridad pueda situarse en otras cuestiones, tales como la posibilidad de pérdida del trabajo o los bajos salarios, el problema del “miedo a la delincuencia” está siempre entre los primeros nombrados. Y esta cuestión es especialmente preocupante. Porque por este “miedo” es por donde se legitima el consenso para la práctica de las ejecuciones sumarias, la aplicación de la tortura, los abusos de poder y de las detenciones arbitrarias. También hay que señalar que ha sido regresiva la situación en cuanto a la permanencia de otra violencia institucional cotidiana que sólo en extremas situaciones es materia noticiable. Nos referimos a las detenciones policiales por contravenciones a los edictos de policía, la demora de personas por averiguación de antecedentes y, fundamentalmente, a la aplicación de torturas y malos tratos en las comisarías.