En 2002 y 2003, la situación de las personas privadas de la libertad en el país se agravó como consecuencia de la política criminal instaurada en los años anteriores. En este sentido, continuó en aumento el número de personas privadas de la libertad, tanto en el Servicio Penitenciario Federal como en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.
Por otra parte, en materia de política penitenciaria se produjeron modificaciones en los esquemas de la gestión administrativa tanto en el ámbito federal como provincial.
En este capítulo se analiza, en primer lugar, la responsabilidad de los tres poderes del Estado en la grave situación penitenciaria de la Provincia de Buenos Aires. Luego, se abordan los principios que rigen el encarcelamiento preventivo a la luz del ordenamiento constitucional y legal del país. Se incluyen consideraciones, datos estadísticos y gráficos de análisis que describen la cantidad alarmante de personas privadas de la libertad y sin condena que se registraban en el país en el período analizado. Por último, se hace referencia a las consecuencias del encierro en condiciones de hacinamiento y superpoblación, y se incluye la presentación de casos emblemáticos de las prácticas extendidas en el ámbito de la administración penitenciaria bonaerense.
