A pesar del acceso de amplios sectores a políticas públicas inclusivas, las ocupaciones, los asentamientos informales y las tomas de tierra persisten como conflictos en los que se concentra un vasto conjunto de vulneraciones de derechos. El desalojo en el Barrio Papa Francisco o en las tomas en Florencio Varela mostraron las causas y particularidades que tiene el acceso informal de los sectores populares a la tierra urbana y la violencia que atraviesa esos procesos. Allí podemos ver la interrelación entre las restricciones estructurales del acceso al hábitat, las prácticas represivas y criminalizantes del Estado y un entramado de actores y de negocios ilegales con connivencia policial, vinculados con el comercio de drogas y de tierras, entre otros. El modo en que estos fenómenos son expuestos por los medios e instrumentalizados por actores políticos suele enfatizar los hechos de violencia, soslayar las causas profundas de las tomas y ocupaciones y estigmatizar a los ocupantes.
En estas situaciones se expresa el conflicto entre lógicas distintas: las necesidades sociales, los mercados legales e ilegales y las políticas públicas. En este capítulo identificamos los actores que componen el entramado de la demanda por el acceso al suelo, los modos de articulación con las diversas agencias del Estado y los distintos niveles de gobierno y los mecanismos de acumulación de renta. También analizamos diferentes momentos que atraviesan estos procesos: la ocupación del territorio, la consolidación, que incluye articulaciones con negocios informales y, en algunos casos, ilegales, y el desenlace del proceso que algunas veces concluye con la regularización en el largo plazo, y otras, con el desalojo. Examinamos, además, los factores que condicionan la reproducción de los asentamientos.
