En este apartado nos referimos a la sanción de leyes, por parte del Congreso de la Nación, y a la remisión de proyectos legislativos enviados por el Poder Ejecutivo, directamente vinculados a la protección de alguno de los derechos fundamentales.
En este capítulo se presenta este panorama de la protección judicial de los derechos humanos como una forma de “monitoreo” que permita reconocer las culpas y responsabilidades de todos los partícipes en la violación de derechos.
Estos servicios congregaban en 1990 a cerca de seis mil personas entre abogados y otros profesionales y técnicos. Este desarrollo del derecho alternativo se produjo en contacto con organizaciones sindicales, de pobladores, campesinos, grupos de mujeres, aborígenes, víctimas de derechos humanos, niños.
Con la democracia instaurada en 1983, el nucleamiento y organización de la población villera ha ido en notable aumento. Sin embargo la vulnerabilidad de este sector social continúa siendo preocupante. Ello ha sido el móvil fundamental para la instrumentación en el CELS del Programa de Apoyo Jurídico Popular.