Más de 70 organizaciones de la sociedad civil a nivel global expresamos nuestra preocupación por la aprobación del decreto 780/2024 en Argentina, que limita gravemente el derecho de acceso a la información pública.
Más de sesenta organizaciones pedimos que se deje sin efecto el decreto 780/24 que restringe la aplicación de la ley 27.275 y vuelve al Estado más opaco. La decisión del Gobierno es antidemocrática y va en contra de los estándares internacionales de derechos humanos.
A seis meses de la asunción de Javier Milei y tras un nuevo avance del gobierno nacional sobre los medios públicos, nos presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría para la Libertad de Expresión. Junto con organizaciones de medios comunitarios, trabajadores de prensa y carreras de comunicación, alertamos sobre los retrocesos en materia de derecho a la comunicación.
Organizaciones que nuclean a los medios de comunicación comunitarios y autogestivos, carreras de comunicación social y periodismo, trabajadores de prensa y organizaciones de derechos humanos le pedimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que alerte sobre el incumplimiento de los estándares de libertad de expresión en nuestro país.
Es por la detención de Marcelo Morandini, que está en la cárcel desde el 4 de enero por escribir un mensaje sobre el ex gobernador Morales. Con otras organizaciones nos presentamos ante ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas.
Junto a otras organizaciones de la sociedad civil proponemos sostener un debate sin violencia ni discriminación. Por eso nos comprometemos a generar, promover y difundir conversaciones críticas, plurales, diversas que fortalezcan la discusión pública.
Nos presentamos como amicus curiae en la causa que Natalia Denegri inició contra Google para que quiten del buscador contenidos que la relacionan con el caso Coppola, de la década del 90. Mañana es la audiencia ante la Corte Suprema.
El vaciamiento de los medios públicos deterioró el ejercicio del derecho a la información y afecta negativamente la construcción de una agenda pública democrática, diversa y plural.
Asumimos la representación legal de la artista Silvia Lucero -Coolpa-, cuyo derecho a la libertad de expresión fue violado. El martes 14 exhibiremos en el CELS una muestra de la serie Subversiones, que María Feminista/Virgen Abortera integra.
Los cargos del Departamento de Justicia de Estados Unidos son un ataque a las actividades periodísticas. Las personas que difunden información de interés público requieren protección legal.
El 4 de enero de 2016, después de modificar por decreto la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, comenzó a funcionar el Ente Nacional de Comunicaciones, un organismo central en el diseño e implementación de políticas públicas dirigidas a regular las comunicaciones audiovisuales, hoy orientadas a fortalecer la concentración empresarial.
El proyecto propone desregular la produción y venta del papel de diario, actividad que en el país realiza de forma monopólica Papel Prensa. Con media sanción de Diputados, de aprobarse favorecería aún más la concentración, sin asegurar el acceso de pequeños actores.
La Defensoría del Público está acéfala y los puestos de trabajo están en riesgo, mientras las políticas públicas están generando niveles históricos de concentración de los medios.
El proyecto de reforma del Código Penal incorpora el delito de usurpación de identidad virtual y además estipula penas más altas si se trata de una figura pública.
El CELS se presentó como amicus curiae en la Cámara Nacional del Trabajo en defensa del derecho al trabajo, del principio de no discriminación y del derecho a la comunicación.
Nos presentamos en la Comisión de Defensa de la Competencia en el expediente que estudia la fusión que puede dar lugar a niveles extremos de concentración. Solicitamos que se tengan en cuenta las posibles distorsiones del mercado, los perjuicios posibles para las y los consumidores y, especialmente, la afectación negativa del derecho a la comunicación y la libertad de expresión en sus faces colectiva e individual.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación debe decidir un caso iniciado por Cecilia Pando contra la revista Barcelona. Si ratifica la condena civil contra la publicación se trataría de una limitación grave a la libertad de expresión en el país. Por este motivo, nos presentamos como amicus en la causa.
La promesa de un nuevo marco regulatorio para el sistema de medios que surgiría de un debate social amplio permanece incumplida. Mientras tanto, la concentración de la propiedad está cerca de llegar a niveles históricos. La Corte Suprema debe decidir sobre la inconstitucionalidad del decreto 267/15 que hoy cumple dos años de publicación.
Dos periodistas y activistas ya fueron deportados por decisión del Poder Ejecutivo. ¿Cómo se recolectó información para denegar a activistas y organizaciones la participación en la reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio? Presentamos un conjunto de habeas data y un pedido de acceso a la información.
La resolución 4015/17 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación corrigió el error de interpretación de su fallo de febrero de este año. Sin embargo, sostiene un criterio de discrecionalidad sobre los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos.
En 2006 el periodista Fernando Latrille publicó tres notas que cuestionaban el uso del presupuesto de una biblioteca. Fue demandado por daños y perjuicios. Ahora la Corte Suprema avaló la condena con una decisión que puede resultar disuasoria para el ejercicio de la libertad de expresión.
En una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el Estado usó el argumento de la separación de poderes para intentar justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación eligió un caso sobre libertad de expresión para anunciar cómo este tribunal considerará los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La remoción de un miembro del directorio del Banco Central por expresar opiniones diferentes a la de la mayoría del Directorio del Banco Central y del gobierno nacional, resulta ilegítima, en tanto se restringe el ejercicio del derecho a la libertad de su expresión, así como el derecho de todas las personas de acceder a información vinculada con asuntos de interés público
La Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá revisar la modificación regresiva de la ley audiovisual. La causa llegó a esa instancia luego de que presentáramos un recurso extraordinario federal, en representación de la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó en 2011 que el Estado argentino había violado el derecho a la libertad de expresión en el caso “Fontevecchia y otros c/ República Argentina” y que la sentencia de 2001 de la CSJN debía ser dejada sin efecto. Ahora, la CSJN decidió que no lo hará y de esta manera muestra cómo considerará los fallos de la Corte IDH. La decisión quita fuerza al impacto del derecho internacional de los derechos humanos a nivel interno.
Ayer, asistimos a la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de las Leyes 26.522 (LSCA) y 27.078 (Argentina Digital).
Una patota ingresó al edificio del diario Tiempo Argentino y de radio América, golpeó a un trabajador que se encontraba en el lugar y destrozó buena parte de la sede del diario.
El capítulo analiza las consecuencias negativas de la reforma por decreto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ocurrida en diciembre de 2015, que redujo de manera drástica el papel del Estado en la regulación del sistema de medios audiovisuales, avaló la concentración de la propiedad de las empresas de medios y eliminó las instancias de participación y toma de decisiones de la sociedad civil.
Desde hace años el CELS participa de los debates legislativos y sociales que buscan transformar el derecho al acceso a la información pública en una ley que posibilite de forma efectiva el ejercicio de solicitar información.
Audiencia sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
En la audiencia ante la CIDH participarán de organizaciones sociales y de derechos humanos, medios de comunicación comunitarios, cooperativos y comerciales, universidades nacionales y carreras de comunicación social y representantes del Estado argentino.
A través del decreto 236/2015, el gobierno nacional intervino la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (AFTIC).
La sede del canal de televisión sin fines de lucro Antena Negra fue allanada y sus equipos de transmisión secuestrados.
Este capítulo analiza las audiencias públicas convocadas por la CSJN como paso previo a la declaración de constitucionalidad de la LSCA, y de su importancia institucional.
El CELS solicitó que se suspenda la citación a indagatoria al fiscal Carlos Gonella hasta que el juez resuelva la excepción de falta de acción por inexistencia de delito, pendiente desde hace dos meses.
El proyecto Argentina Digital se está debatiendo en la comisión Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado.
El CELS considera inconstitucional el procesamiento del periodista Germán Sasso dispuesto por el Juez Federal de Bahía Blanca, por negarse a declarar cómo obtuvo las grabaciones de diálogos telefónicos que difundió en su programa radial La Brújula 24.
El juez Rodolfo Canicoba Corral demandó a Acevedo por haber dicho, en una entrevista periodística en el año 2004, que algunos jueces federales eran “detestables”.
Este capítulo pone especial interés en la necesidad de la sanción de una ley nacional que regule el ejercicio del derecho al acceso a la información pública para los tres poderes de la nación.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la constitucionalidad de la totalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (ley 26.522) en la causa iniciada tras la sanción de la norma en 2009 por el Grupo Clarín S.A. contra el Estado Nacional.
El CELS participó de la audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa iniciada por el Grupo Clarín S.A. contra el Estado Nacional tras la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (ley 26.522) en 2009 y en la que se discute la constitucionalidad y aplicación de cuatro de sus artículos.
El CELS se presentó ante la Cámara de Apelaciones para ser tenido en cuenta como amicus curiae en el caso del productor Enrique Estevanez.
El CELS rechaza a la utilización de la vía judicial para la punición y la inhibición de las expresiones y se pone a disposición de los periodistas demandados a quienes acompañará en calidad de “amicus curiae”.
El CELS, se hará cargo de la defensa de los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo, Nora Veiras, Javier Vicente, Edgardo Mocca y Orlando Barone en la causa por incitación a la violencia colectiva y coacción agravada iniciada por directivos del Grupo Clarín.
El CELS, a través de una nota dirgida a la Presidente de la Nación, planteó sus observaciones sobre la propuesta para designar a Alejandro Pereyra como miembro del Directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) en representación del Poder Legislativo.
En este capítulo se evalúan las principales problemáticas en relación con la libertad de expresión en los últimos años. Se reseña la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) a dos años de su aplicación y las medidas cautelares aún en proceso para frenar la adecuación de ciertos grupos mediáticos.
El CELS solicitó al Juszgado se considere inadmisible la acción penal por calumnias e injurias iniciada por el secretario de Transporte de la Nación Juan Pablo Schiavi contra el secretario general de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) Ricardo Cirielli.
El periodista había sido condenado, en 1999 a un año de prisión en suspenso y a pagar una indemnización al juez Guillermo Rivarola por haber criticado su desempeño en la investigación del asesinato de cinco religiosos palotinos en 1976.
El CELS se ha pronunciado reiteradamente a favor de la preservación de los derechos de los medios y periodistas a investigar y difundir informaciones y opiniones así como los del público a recibirlas.