La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenó finalizar anticipadamente el periodo de la Fiscal General Claudia Paz quien ha creado la Fiscalía Especial para la Comisión Internacional Contra la Impunidad, que impulsó el juzgamiento de los responsables por crímenes de lesa humanidad en ese país.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) aportó nueva información y argumentos adicionales que fundamentan su impugnación.
Este capítulo analiza el rol de las organizaciones locales en el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad en América Latina, los avances del derecho internacional de los derechos humanos y la importancia del contexto internacional en el proceso de justicia argentino.
En un nuevo aniversario del golpe cívico militar que derrocó al gobierno democrático de Salvador Allende, el CELS difunde un extracto sobre la situación del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad en Chile que estará incluido en el capítulo “América Latina en la búsqueda de memoria, verdad y justicia por crímenes de lesa humanidad” del Informe Anual 2013.
El 21 de agosto de 2003 fueron anuladas las leyes de punto final y obediencia debida. El hecho marcó un hito en la búsqueda de verdad y justicia por los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado.
La fuga de los condenados por delitos de lesa humanidad Jorge Olivera y Gustavo De Marchi colocó nuevamente el tema en el debate público y evidenció viejas dificultades para las que hasta ahora sólo se brindaron salidas parciales que no logran consolidarse como soluciones.
El CELS amplió su presentación del 12 de julio pasado a la Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por Marcelo Guinle, en la que impugnó, con nueva documentación, el pliego de ascenso del General Cesar Milani.
El presidente del CELS, Horacio Verbitsky, dirigió una carta al director del matutino, Bartolomé Mitre, a fin de aclarar que la institución no impulsa, promueve o defiende ascensos en el ámbito militar.
Aclaración del CELS ante la mención del senador Gerardo Morales a un presunto silencio del organismo respecto de alegados actos del general César Milani.
La muerte de Jorge Rafael Videla, se produce en medio del histórico proceso de rendición de cuentas por los crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos cometidos en el pasado reciente por el que atraviesan diversos países de América Latina.
El 19 de marzo de 2013 se inició el juicio contra el ex presidente de facto de Guatemala:, general Efraín Ríos Montt.
Según los registros del CELS, un total de 2.071 personas, entre civiles y personal de las fuerzas armadas y de seguridad, están o estuvieron involucradas en causas vinculadas con el terrorismo de Estado al día de hoy. De ellas, 405 han obtenido sentencia, 370 se encuentran condenadas y 35 absueltas.
El próximo martes 5 de marzo a partir de las 10 de la mañana, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 (TOF 1) dará inicio al juicio oral por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del Plan Cóndor.
Organizaciones de derechos humanos de la región expresan su repudio a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay que declaró inconstitucional la Ley n° 18.831 que anuló la Ley de Caducidad en noviembre de 2011 al declarar los delitos cometidos durante la última dictadura militar como crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) manifiesta profunda preocupación ante el desplazamiento arbitrario de la jueza Mariana Mota del fuero penal federal de la República Oriental del Uruguay.
Este libro analiza los procedimientos y nociones que fueron utilizados por el terrorismo de Estado para el secuestro y la apropiación de los hijos de aquellos a quienes se desaparecía y se mataba.
Mañana, a partir de las 10 hs en los tribunales de Comodoro Py 2002, comienza el tercer juicio oral y público por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar.
Esta publicación se presenta como guía de trabajo que puede servir de orientación para aquellos operadores judiciales que tienen a su cargo tomar declaraciones –en los diferentes momentos del proceso– a personas que han padecido el delito de tortura.
El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó hoy a prisión perpetua a los ex marinos Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino por su participación en los crímenes de lesa humanidad en la llamada Masacre de Trelew en agosto de 1972.
Los abogados del organismo culminaron su alegato en la ciudad de Rawson con el pedido de prisión perpetua para los ex marinos Rubén Paccagnini, Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino. Para Jorge Bautista se solicitó dos años de prisión, en tanto se requirió que se investigue la responsabilidad penal del médico Lisandro Lois y la deportación de Roberto Bravo.
El 8 de junio se conocerá la sentencia por los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar en el centro clandestino Atlético – Banco – Olimpo (ABO) en el juicio conocido como “ABO bis”.
El recuerdo de la guerra de Malvinas, marca del pasado reciente, se superpone con la causa nacional de la recuperación de las islas, de más larga data y construcción. Esta superposición hace que muchos compatriotas interpreten las miradas críticas sobre lo acontecido en 1982 como un ataque a “la causa”.
Diez años han pasado desde la primera declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, en el año 2001.
El lunes 7 de mayo comienza al juicio oral y público por la Masacre de Trelew, ocurrida el 22 de agosto de 1972.
Mañana inicia un nuevo juicio oral por los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar en el centro clandestino Atlético – Banco – Olimpo (ABO).
Situación de los juicios por crímenes de lesa humanidad.
El Tribunal Oral Federal Nº 5 condenó hoy a penas de entre 18 años y prisión perpetua a 16 represores por 86 crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
El 26 de octubre a las 18, el Tribunal Oral Federal Nº 5 dará a conocer su veredicto en la causa en la que se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó entre 1976 y 1983 en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).
El informe, difundido por Abuelas de Plaza de Mayo, detalla el desarrollo del caso Noble Herrera, desde la primera denuncia recibida por el organismo en 1984 hasta la situación de la causa en la actualidad.
El Tribunal Oral Federal N°4 condenó a siete represores a penas de entre 18 años y prisión perpetua en cárcel común por 156 crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención El Vesubio.
El Tribunal Oral Federal N°4 condenó hoy a siete represores a penas de entre 18 años y prisión perpetua en cárcel común por 156 crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención El Vesubio.
El CELS elaboró una guía de trabajo destinada a los funcionarios judiciales que tienen a su cargo la toma de testimonios a víctimas de tortura durante el terrorismo de Estado en la Argentina.
En su alegato final, la querella del CELS, pidió que se condene a prisión perpetua a algunos de los máximos responsables del funcionamiento del centro clandestino en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
En un fallo histórico, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia condenó a prisión perpetua a los 8 militares imputados por la masacre y absolvió por falta de pruebas a un policía.
En 2010 se produjeron importantes avances en el proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad. La sustentabilidad política de dicho proceso se vio fortalecida por la declaración de los juicios como “política de estado”.
El ex subcomisario y ex intendente de Escobar Luis Abelardo Patti fue condenado a la pena de prisión perpetua por los secuestros, torturas y asesinatos de Gastón Gonçalves y Diego Muniz Barreto y otros delitos de lesa humanidad cometidos contra Juan Fernández, Carlos Souto, Luis y Guillermo D’Amico y Osvaldo Ariosti.
El Tribunal Oral Federal 1 de la Ciudad de Buenos Aires condenó, a cuatro jefes del centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, a penas de entre 20 años y prisión perpetua.
Este libro analiza las prácticas y procedimientos llevados a cabo por el Poder Judicial durante la última dictadura militar en la Argentina. Para realizar esta investigación, se ha analizado el camino seguido por un expediente conocido como la Causa de la Morgue Judicial.
El 11 de diciembre de 2009 comenzó el primer juicio oral y público por la mega-causa ESMA en la que se investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino de detención durante la última dictadura militar.
El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba condenó a Jorge Rafael Videla a prisión perpetua por delitos de tormentos, homicidio y privación ilegal de la libertad por hechos ocurridos en esa provincia durante la última dictadura.
El CELS impugnó ante el Senado el ascenso del oficial del Ejército Alejandro Jesús Augusto Sánchez por estar involucrado en un alzamiento militar.
El CELS y ICTJ presentan tres documentos de investigación con conclusiones generales sobre la definición legal de la tortura, los abusos sexuales en centros clandestinos de detención y la discusión política sobre el discurso actual respecto de la violencia en los años ‘70.
En una audiencia pública realizada hoy en su sede de Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) monitoreó el estado del proceso de verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Argentina.
El lunes 9 el tribunal escuchará el alegato final de la querella representada por el CELS, que en este caso, patrocina también a Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
El juez español Baltasar Garzón y la jueza de la Corte Suprema argentina Carmen Argibay, junto a otros expertos nacionales y extranjeros, compartirán esta perspectiva con jueces y fiscales que se desempeñan en los procesos por crímenes cometidos durante la última dictadura militar.
El dictamen presentado sostiene que el Banco, creado en 1987, es una de las respuestas más eficaces del Estado argentino para reparar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura militar, que incluyó la apropiación ilegal de niños de desaparecidos.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires adhirió a la declaración aprobada por la Cámara de Diputados de la Nación que estableció “política de Estado” a los crimenes de lesa humanidad.
Este capítulo contiene un balance sobre el papel del “partido militar” en nuestro país y sobre las reformas institucionales impulsadas en los últimos años para su democratización.
En junio de 2009, la Cámara Nacional Electoral resolvió que el comisario de la Policía bonaerense Luis Abelardo Patti no podía ser candidato a diputado nacional en las elecciones que se celebrarían el 28 de junio de 2009.
En este capítulo se analizan algunos aspectos del proceso de justicia transicional en América Latina.