Desde hace un año, mes a mes, el gobierno -sin muchos límites políticos o judiciales- consolida el fin de un proyecto de país igualitario. Entre los pilares que sostienen las políticas encontramos la transferencia de riqueza hacia sectores ricos, el achicamiento del espacio cívico, el disciplinamiento social y la vigilancia sin controles.
Columna publicada en la edición de noviembre de Posdata, el boletín del CELS.
Presentamos una acción ante el fuero contencioso administrativo federal. El decreto de necesidad y urgencia 614/2024 habilita al Estado a hacer vigilancia masiva, pone en riesgo el derecho a la privacidad, la intimidad y la libertad de expresión. También viola la división de poderes.
Hicimos un pedido de información a la ministra de Seguridad de la Nación sobre el funcionamiento de su nueva Unidad, que realizará ciberpatrullaje y aplicación de inteligencia artificial en redes sociales y sitios de internet. La presentación la firmamos junto a Amnistía Argentina, el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA), Democracia en Red, Access Now, Fundación Vía Libre y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED).
El Poder Ejecutivo impulsa un proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en asuntos de seguridad interior. Se trata de una iniciativa peligrosa que apunta a romper un acuerdo político y social construido desde la recuperación democrática.
El gobierno impulsa un proyecto de ley para regularizar la tenencia ilegal de armas de fuego. Al mismo tiempo, se desentiende de perseguir su tráfico. Estas decisiones aumentan la violencia y nos ponen en riesgo a todos. La iniciativa se trata en la Cámara de Diputados.
Desde la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) expresamos nuestra preocupación por el DNU que reinstala la SIDE y solicitamos que se abra el debate parlamentario y se conforme la comisión bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.
En este aniversario del atentado, elaboramos un sitio web que reúne información sobre lo que ocurrió tras la explosión: los desvíos y encubrimientos, el rol de los servicios de inteligencia, el camino judicial en Argentina, la denuncia ante el sistema interamericano. Por qué, tres décadas después del 18 de julio de 1994, seguimos sin conocer la verdad.
Columna publicada en la edición de julio de Posdata, el boletín del CELS.
El tribunal internacional ratificó que el Estado argentino es responsable por violar los derechos humanos de las víctimas y sus familiares y el derecho colectivo a la verdad, y que debe comprometerse con las investigaciones y las medidas de reparación. Comunicado conjunto de Memoria Activa y CELS.
A días de cumplirse 30 años del atentado y tras 25 años de litigio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dará a conocer su decisión el 14 de junio a las 11hs.
Columna publicada en la edición de junio de Posdata, el boletín del CELS.
Ante la renuncia del ex interventor de la AFI, Silvestre Sívori, desde la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) solicitamos la urgente designación formal del cargo de director o directora del organismo. Eso es imprescindible para comenzar a construir un sistema de inteligencia que promueva su democratización, la eficacia y la transparencia.
Columna publicada en la edición de mayo de Posdata, el boletín del CELS.
Comunicado junto a Memoria Activa tras el fallo de los jueces Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma del 11 de abril sobre el encubrimiento.
Presentamos un amparo en el fuero contencioso administrativo federal para impedir la aplicación de esa normativa para fuerzas de seguridad federales y el servicio penitenciario federal, que se aparta de los principios que regulan el uso de la fuerza letal reconocidos universalmente.
La resolución del Ministerio de Seguridad amplía las situaciones en las que la policía puede usar sus armas, otorga más discrecionalidad a su intervención y busca evitar los controles judiciales en los casos de uso de la fuerza letal.
La crisis de Rosario nos pone ante un desafío urgente: encontrar soluciones a la violencia extrema de bandas criminales y exigir que el Gobierno no nos conduzca a una violencia mayor provocada ya no por la inacción sino por la decisión de las autoridades estatales.
El poder judicial porteño resolvió pasar a un cuarto intermedio para definir las condiciones apropiadas para una auditoría por parte de los órganos de control. Es importante que se pueda conocer la información detallada sobre el software utilizado para el sistema de búsquedas para que no tengan un uso discriminatorio.
Con Dejusticia y el apoyo de la red INCLO, planteamos ante la Corte Constitucional ecuatoriana que los conflictos armados internos deben tener ciertas características de acuerdo al derecho internacional. Además sostuvimos que los estados de emergencia deben prever un alcance temporal y geográfico limitado, así como una precisa indicación de los derechos que se suspenden.
Bandas del crimen organizado produjeron una nueva seguidilla de hechos de violencia y muertes. El gobierno ecuatoriano declaró “conflicto armado interno”. Las organizaciones alertan sobre la habilitación al uso de la fuerza letal como primer recurso por parte de las FFAA. Las políticas neoliberales que facilitaron la corrupción y la connivencia, son parte de las razones por las que el país ha llegado a este contexto de extrema violencia.
Participamos como amicus curiae en la audiencia convocada por la Cámara de Casación Federal para resolver los sobreseimientos del ex presidente Macri y sus funcionarios de inteligencia por el espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino. Planteamos que la persecución y el espionaje que sufrieron las víctimas constituyen delitos muy graves y que la cámara de apelaciones los convalidó arbitrariamente.
La “agenda de seguridad” crece cuando hay un hecho gravísimo, como el asesinato de la nena de 11 años en Lanús esta semana. Y luego solo se instrumentalizan medidas de corto plazo, como más cámaras y más patrulleros. Mientras, son las personas más pobres las que conviven con la violencia cotidiana. Hay otros caminos. Tenemos la posibilidad colectiva de comprometernos e involucrarnos para que esa realidad sea distinta.
El fallo ratifica lo que desde el CELS denunciamos junto con el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA): el sistema se gestionó por fuera de la norma que lo regula y sin mecanismos de control.
Nos presentamos como amicus ante Casación Penal y pedimos que revierta el fallo de la Cámara de Apelaciones que sostuvo que no es delito el espionaje que le hicieron a las familias porque estaba involucrada la seguridad presidencial.
En la última jornada, Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, en representación de Memoria Activa, realizó su alegato final. Al finalizar, el presidente de la Corte IDH instó al Estado argentino a que no espere a la sentencia para generar hechos concretos.
Se realizará el jueves 13 y el viernes 14 de octubre en Montevideo (Uruguay). El caso lo iniciamos Memoria Activa y el CELS en 1999. Denunciamos la responsabilidad internacional del Estado argentino por el atentado y la falta de verdad y justicia.
Lo determinó la jueza Liberatori en un fallo que confirma que fue gestionado por fuera de la norma que lo regula y sin mecanismos de control, en la misma línea de la denuncia del CELS.
Paula Litvachky advierte sobre el “bajísimo nivel de control judicial -que en algunos casos es directamente una habilitación- de las actividades de inteligencia orientadas a tener información sobre la actividad política o social de organizaciones, referentes o familiares”. Considera a esas interferencias “una limitación de la vida democrática”.
En un nuevo aniversario, acompañamos a Memoria Activa en el acto que se realizó en Plaza Lavalle, frente a Tribunales. Compartimos las palabras de Paula Litvachky.
El Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires decidió apartar al juez que intervenía en la causa en la que se discute la constitucionalidad del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP). El TSJ tomó está decisión después de que se conociera el resultado de una pericia que revela el uso ilegal del sistema de reconocimiento facial en la ciudad.
Junto con Amnistía Internacional, ADC, Fundación Vía Libre y ODIA solicitamos que se cree el mecanismo de control que fue establecido por la ley 6.339 hace un año y medio.
Estas tareas se realizaron en el marco del sistema de reconocimiento facial para la búsqueda de prófugos y a partir de un convenio con el ReNaPer, pero ese acuerdo les permitía sólo abordar un universo de poco más de 40.000 personas. La Justicia suspendió el uso del mecanismo y ordenó una serie de medidas para determinar si estos procedimientos pudieron haber sido utilizados para realizar trabajos de vigilancia masiva e inteligencia.
En todos estos años el Estado no dio respuestas y sólo sumó obstáculos para acceder a la verdad y la justicia. El pedido de juicio político a las fiscales Castelli y Cejas y al juez Banco sigue demorado.
Esta publicación de ICCSI -Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia- desarrolla los principales puntos teóricos de la inteligencia criminal y la urgencia por regularla de forma clara y bajo controles estrictos.
El documento reconstruye y analiza cómo se articularon la inteligencia ilegal, la militarización y la estigmatización para impedir el ejercicio de los derechos indígenas.
Memoria Activa realizó un acto virtual para exigir verdad y justicia y recordar a las víctimas.
El CELS, la APDH y organizaciones sociales y de derechos humanos locales presentamos una carta al gobernador Mariano Arcioni para exigir la derogación inmediata de protocolos que incrementan los niveles de violencia policial y limitan el ejercicio de la protesta social.
La Corte Suprema debe garantizar el derecho de acceso a la información pública sobre el funcionamiento del sistema de inteligencia.
Kevin Guerra fue denunciado por Gendarmería Nacional como consecuencia de actividades de vigilancia masiva llamadas “ciberpatrullaje”. Fue sobreseído a fines de 2020.
El reconocimiento facial en las actividades de videovigilancia afecta de manera negativa múltiples derechos: a la privacidad, a la libertad de esxpresión y a la protesta, entre otros.
Las prácticas de violencia institucional de la policía cordobesa se profundizaron en el contexto de las medidas de prevención de la pandemia. Enviamos una carta al gobernador de Córdoba con recomendaciones y herramientas de control de la actuación policial.
Frente a hechos de inseguridad y violencia, las autoridades políticas deberían encauzar los debates públicos en las cuestiones centrales que debe priorizar el Estado: proteger la vida ante todo, garantizar la seguridad y no fomentar respuestas que recrudecen la violencia.
Durante la pandemia, se incrementaron los procesos de vigilancia por parte de los Estados, generalmente sin transparencia en cuanto a los métodos empleados o el destino de la información recolectada. Esto constituye una violacion a derechos humanos como la libertad de expresion y de manifestacion y a la privacidad.
Los organismos de derechos humanos abajo firmantes abrazamos a la familia del joven y exigimos una investigación seria.
La causa contra Kevin Guerra fue iniciada a partir de prácticas de vigilancia ilegales. El sistema judicial debe cumplir su rol de garantía y no convalidarlas.
Presentamos las observaciones del CELS sobre las actividades de inteligencia denominadas “ciberpatrullaje” y sobre la propuesta de protocolo para regularlas realizada por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
La Mesa por los Derechos Humanos de Salta y el CELS presentamos un recurso de amparo para pedir que el gobierno de Salta deje de aplicar el DNU 255/2020.
Pedimos al Ministerio de Seguridad de la Nación información sobre las medidas de vigilancia y/o inteligencia en fuentes abiertas y redes sociales que fueron denominadas como “ciberpatrullaje”.
Los poderes ejecutivo y judicial deben asegurar que la actuación de las fuerzas de seguridad no derive en situaciones de violencia.