El gobierno rechazó las acreditaciones de 65 personas que planeaban participar en la Conferencia Ministerial de la OMC en Buenos Aires y envío una lista con sus nombres a la Dirección Nacional de Migraciones, en calidad de “alerta”. Dos personas que figuraban ahí fueron deportadas.
El gobierno argentino revocó las acreditaciones de actores clave de la sociedad civil ante la Organización Mundial de Comercio. Como pretendida justificación de esta medida reconoció que se basó en un análisis de las redes sociales de las organizaciones con el fin de excluir a las que fueron consideradas “disruptivas”. Presentamos con un conjunto de organizaciones una carta para que la decisión sea revertida.
En un pronunciamiento conjunto de 11 organizaciones advertimos sobre los peligros de aprobar una ley que permita militarizar la seguridad interior en México, por el impacto que tendría en los derechos humanos en ese país y por el precedente negativo que se sentaría en América Latina.
El artículo aborda las dinámicas de violencias en las tomas de tierras y asentamientos y el rol de los mercados ilegales que encuentran condiciones para su expansión en los contextos de alta vulnerabilidad.
Ramy Raoof, experto en temas de seguridad digital, asegura que la vigilancia estatal tiene consecuencias nocivas aun cuando no se usa para perseguir a las personas. Ramy ha trabajado en Medio Oriente y el norte de África y vino a la Argentina en el marco de una iniciativa de la red INCLO.
La ICCSI presentó un amparo para que la AFI brinde la información que solicitamos en junio y que su director se negó a dar con el argumento de que está “clasificada”, sin brindar ningún fundamento legal. Nuestro pedido es para evaluar el estado de implementación de las reformas introducidas en la Ley Nacional de Inteligencia en 2015.
La International Network of Civil Liberties Organizations puso en marcha una acción global para pedir a los gobiernos que informen sobre los acuerdos que existen entre las agencias de inteligencia y el intercambio de datos entre los países. En la Argentina, pedimos información a la AFI.
El juzgado donde tramita el amparo presentado por el CELS contra el “Protocolo de actuación para la realización de allanamientos y requisas personales” convocó a presentar argumentos contra el alcance negativo de la resolución, que le permite a los agentes actuar a partir de información anónima y del “olfato policial”.
La reforma de la Ley Nacional de Migración mediante un decreto, busca vincular la migración con el delito y endurecer el control de la población migrante.
El debate sobre las pistolas Taser no debe eludir el problema de fondo: el uso abusivo de la fuerza arraigado en las policías y fuerzas de seguridad. Se debe someter a discusión el modelo de seguridad centrado en “más patrulleros, más cámaras, más policía, más armas”. Columna de opinión de Paula Litvachky y Manuel Tufró.
Durante dos décadas la investigación del atentado a la AMIA estuvo cruzada por operaciones y desvíos, atada a los vaivenes de los servicios de inteligencia nacionales y extranjeros, con la justicia federal instrumentada a ese fin. La muerte de Nisman es otro punto trágico del calvario de las víctimas.
Con una estrategia basada en la demagogia punitiva, distintos funcionarios sostuvieron que hay que bajar la edad de punibilidad para los jóvenes que cometen delitos y modificar el régimen penal juvenil. Sin embargo, el gobierno no presentó ningún proyecto, antes bien reforzó el sentido común con propuestas punitivas salvadoras, ya desmentidas por la realidad.
Habitantes del barrio de Flores protestaron en la Comisaría 38 por hechos graves que atribuyeron a la antigua connivencia de esa comisaría con negocios ilegales y la existencia de “zonas liberadas”. El GCBA respondió a estos reclamos con las tradicionales medidas de mayor presencia policial en las calles y mayor control poblacional.
Mirá el relato de tres víctimas de violencia institucional
Este informe ofrece una mirada al ras de algunas de las formas en que la vigilancia, en particular la vigilancia electrónica digital, está impactando en la vida de ciudadanos y residentes de diez países de África, América, Asia, Europa y Medio Oriente.
El caso AMIA puso de relieve las peligrosas conexiones subterráneas entre los servicios de inteligencia de la Argentina y sus esferas políticas y judiciales, y subrayó la importancia que tiene el control de las operaciones de inteligencia y vigilancia para el estado de derecho y la democracia.
Edward Snowden habló sobre la falta de control de los sistemas de inteligencia y el alcance de esta problemática.
Un conjunto amplio de académicos y expertos en temas de defensa y seguridad elaboramos un documento que analiza las decisiones tomadas y sus riesgosas derivaciones y consecuencias para el gobierno civil de las Fuerzas Armadas, su profesionalización y la vigencia de los derechos humanos.
En este documento se analizan las decisiones tomadas y sus consecuencias para su gobierno civil, su profesionalización y la vigencia de los derechos humanos. El análisis fue realizado por un conjunto de académicos y expertos en temas de defensa y seguridad.
Ni los antecedentes ni las declaraciones impidieron el apoyo de la Comisión de Acuerdos del Senado Nacional.
Presentación conjunta de organizaciones de la sociedad civil.
La participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad está prohibida por leyes fundamentales de la reconstrucción del estado democrático argentino que fueron consecuencia de acuerdos políticos transversales.
El CELS junto a Memoria Activa presentaron una nota en la que solicitaron a la Jefatura de Gabinete de Ministros que informe sobre la derogación del régimen de fondos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que regulaba el registro del uso de los fondos reservados para permitir el control de los gastos y las actividades.
El Poder Ejecutivo de Mendoza presentó un proyecto de ley que plantea la prisión preventiva como la regla y no en casos que existan riesgos procesales como el peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación.
Con el Decreto 228/16 que declaró la “emergencia de seguridad pública” en el territorio nacional ganó estatuto jurídico en la Argentina la perspectiva de las “nuevas amenazas”, elaborada y difundida por los Estados Unidos desde los años noventa y se declaró de forma oficial el ingreso del país en una “guerra contra las drogas”, fórmula ineficaz y dañina en diferentes experiencias
Durante 2014 y 2015, como nunca antes, irrumpió como un problema político el funcionamiento de los organismos de inteligencia, su amenaza a la gobernabilidad y sus vínculos con los tres poderes del Estado. Este capítulo analiza el impacto institucional de este debate.
Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad y Diego Morales, director del área de Litigio y Defensa Legal, se reunieron con la gobernadora María Eugenia Vidal, para acercarle un diagnóstico sobre los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires.
Declaración promovida por el Acuerdo de Seguridad Democrática y el Grupo Convergencia.
El fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ) en la causa “Vera” habilitó que la policía realice detenciones en la vía pública si más motivo que la averiguación de identidad.
Anuncian la emergencia en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) luego de la fuga de Cristian y Martín Lanatta y Víctor Schillaci, condenados por el triple crimen de General Rodríguez, relacionado con el tráfico de efedrina.
Con intervenciones en zonas pobres con altos niveles de violencia y acumulación de privaciones y violaciones de derechos, estos operativos disponen de mayor presencia de agentes en barrios. Allí el trabajo policial está asociado a lógicas de vigilancia y amedrentamiento, antes que a la provisión de seguridad.
El uso de armas de fuego por parte de policías fuera de servicio es un aspecto muy problemático de la violencia policial en las distintas fuerzas de seguridad.
Encuentran fichas con información sobre activistas y periodistas recopilada por la fiscalía local en una causa contra integrantes de la comunidad mapuche en la ciudad de Esquel, Chubut.
Durante 2013 y 2014, diferentes iniciativas pusieron en cuestión un principio consolidado en los años de democracia: la separación tajante entre las esferas de seguridad interior y defensa nacional.
Durante 2013 y 2014, candidatos, funcionarios, periodistas y celebridades propusieron el endurecimiento penal, en una escalada que expresó el resurgimiento de consensos punitivos luego de varios años en los que el discurso único de la mano dura se había resquebrajado.
En este capítulo, analizamos las consecuencias sociales y políticas de la falta de democratización de las fuerzas de seguridad los servicios penitenciarios, estructuras con amplios márgenes de autogobierno, violentas y que en la actualidad concentran violaciones a los derechos humanos.
En el debate sobre el uso de las pistolas Taser no se debe eludir el problema de fondo: el uso abusivo de la fuerza por parte de las policías y fuerzas de seguridad. Se debe someter a análisis el modelo de seguridad centrado en “más patrulleros, más cámaras, más policía, más armas”. Opinión de Paula Litvachky y Manuel Tufró.
El ex jefe de la Armada Argentina, Jorge Omar Godoy, fue condenado a dos años de prisión en suspenso por incumplimiento de los deberes de funcionario público y, por el mismo delito el ex subjefe, Benito Rótolo, a un año y 8 meses de prisión en suspenso.
El CELS pidió se a Jorge Omar Godoy, ex jefe de la Armada Argentina, y Benito Rótolo, ex subjefe, por impartir órdenes e instrucciones a sus subalternos para que desarrollen tareas de inteligencia vedadas por las leyes de Defensa Nacional, de Seguridad Interior y de Inteligencia Nacional.
Mañana comienza el juicio oral contra Jorge Omar Godoy, ex jefe de la Armada, y Benito Rótolo, ex subjefe, por las tareas de inteligencia realizadas a gremialistas, militantes sociales, integrantes de organismos de derechos humanos, periodistas y políticos desde la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew, en la provincia de Chubut.
Hoy, en el Senado, obtuvo media sanción el proyecto de reforma de la Ley de Inteligencia que transforma las funciones históricas de los servicios de inteligencia ya que prohíbe de manera taxativa que realicen tareas represivas y policiales.