A las movilizaciones masivas por reclamos salariales se sumaron protestas contra la reforma constitucional impulsada por el gobierno provincial. La respuesta fue represión y criminalización, decenas de personas heridas y detenciones arbitrarias. La nueva Constitución, aprobada en tiempo récord, restringe el ejercicio de los derechos humanos y busca evitar las reacciones a la expansión del extractivismo de minerales.
Decenas de organizaciones y referentas feministas alertamos sobre la gran cantidad de detenciones a mujeres durante la represión de las protestas de los últimos días. A continuación, el comunicado.
Tras las represiones a las protestas en contra de la nueva Constitución, un conjunto de organizaciones realizamos el pedido ante la Convención Constituyente y al gobernador de la provincia. La reforma implicaría un gravísimo retroceso en términos de derechos.
Junto a otras organizaciones presentamos una carta a la Convención Constituyente provincial expresando nuestra preocupación por los retrocesos en derechos humanos que propone la reforma y los graves problemas del procedimiento que llevaron adelante.
Sin debate en comisiones y en solo 48 horas aprobó una ley que obstruye las manifestaciones y habilita la criminalización de los que participen en ellas. La nueva norma establece que se debe pedir autorización para llevar adelante una protesta y otras graves restricciones para el uso del espacio público.
Ya son 58 personas las que fallecieron en todo el país en las manifestaciones que comenzaron en diciembre de 2022 en Perú. Muchas de estas muertes son el resultado de balas de plomo. Otras, sin embargo, fueron causadas por armas “menos letales” que tienen la capacidad de herir, mutilar y matar.
Relevamiento regional acerca de las violaciones a los derechos de mujeres y personas LGBTI+ en contexto de protesta, que afectan sus derechos de expresión, reunión y manifestación, así como el ejercicio de su rol de defensoras y defensores de derechos humanos. El informe fue elaborado durante el proyecto “Derecho a la Protesta: Asistencia Legal y Protección de Emergencia en América Latina” realizado por el CELS.
Fue detenida en enero de 2016 por participar en un acampe. Desde entonces se construyó una sucesión de acusaciones con el fin de disciplinarla a ella y a su organización. El escenario de persecución y hostigamiento por parte del poder ejecutivo provincial y de autoridades judiciales persiste con consecuencias para su salud física y psíquica.
El pasaje a la acción de estos sectores impone reflexiones y acciones urgentes. ¿Qué sucede cuando las democracias brindan herramientas y posibilidades para que algunos grupos busquen limitarlas o terminar con ellas? ¿Con qué instrumentos contamos para defender la democracia frente a ataques como este?
La sentencia de la Corte Suprema no modifica la obligación del Estado de proteger la salud física y psíquica de la dirigente social, tal como lo exigió la Corte interamericana de DD.HH. Su traslado a prisión domiciliaria fue ordenado por el tribunal internacional. Cualquier regresión en ese sentido significa una profundización del hostigamiento contra ella.
Ante la declaración de Estado de emergencia y la represión a las protestas que ya tuvo como consecuencia varias personas muertas, más de ciento ochenta organizaciones manifestamos nuestra preocupación en materia de derechos humanos. El comunicado completo.
El máximo tribunal decidió rechazar el recurso de su defensa y convalidó lo realizado por la justicia de Jujuy, sin contemplar las irregularidades que tuvo el proceso y las violaciones a las garantías constitucionales que alegaron sus abogades.
Junto con otras organizaciones de la región, alertamos sobre un fallo que vulnera los derechos a expresarse y criminaliza las actividades políticas. Lo mismo ocurre en otros países, incluido Argentina.
Con el objetivo de intimidar a la organización estudiantil para que desistan de sus reclamos, la Ciudad desplegó una serie de medidas que incluyen denuncias jurídicamente inviables, el envío de policías en patrulleros a las casas de les alumnes y amenazas de demandas civiles a padres y madres.
Entre el 25 y el 27 de julio realizamos un evento en Buenos Aires para debatir sobre la actualidad en nuestra región. Participaron compañeres de Brasil, Colombia, Chile, Honduras, Ecuador y México.
El 1 de agosto de 2017 el joven participaba de una protesta cuando un grupo de gendarmes entró de manera violenta a la comunidad Pu Lof de Chubut. Esa fue la última vez que se lo vio con vida. El proceso judicial hasta el momento no registra avances para entender cómo se llegó a la muerte de Santiago y quiénes fueron los responsables operativos y políticos de las brutalidades de ese despliegue.
Junto con otras organizaciones de la región, nos presentamos ante la Corte IDH como amicus curiae en la demanda por el crimen de Antonio Tavares Pereira, asesinado por la policía brasileña en el año 2000. En esa represión también terminaron herides otros 185 integrantes del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra.
La dirigente social fue internada por un cuadro de trombosis. El escenario de persecución y hostigamiento por parte del poder ejecutivo provincial y de autoridades judiciales persiste con consecuencias para su salud e integridad física y psíquica. Por eso entendemos que es imprescindible que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reitere al Estado argentino la obligación de dar cumplimiento a las medidas provisionales dictadas para proteger su salud e integridad.
La memoria de Darío Santillán y de Maximiliano Kosteki trae un mensaje fundamental para el presente: la necesidad de reforzar la organización, de reivindicar lo público, colectivo y comunitario. También de defender el derecho a manifestarse, expresarse y peticionar.
En una movilización para reclamar por sus condiciones de trabajo, cartoneras y cartoneros del MTE fueron detenidos por la Policía de la Ciudad acusados del delito de “desobediencia”. Estuvieron más de 20 horas detenidos sin ningún sustento. Entendemos que estos métodos, que cada vez llevan adelante de manera más frecuente el Poder Ejecutivo y Judicial de CABA, apuntan a disciplinar la protesta social.
Los dos militantes fueron condenados por los incidentes de 2017, cuando en el Congreso se trataba la reforma de las leyes previsionales. Ahora, la Cámara Federal deberá resolver los recursos de sus defensas. En nuestra presentación alertamos sobre la utilización de figuras penales vagas que buscan castigar los reclamos sociales.
La investigación judicial está orientada como si se tratara de un atentado organizado por una asociación ilícita, lo cual habilita precedentes judiciales contrarios al derecho a la protesta.
El 16 de enero de 2016, Milagro Sala fue detenida por participar de un acampe en Jujuy. Desde entonces sigue privada de su libertad por una causa sin condena firme. El encierro que pesa sobre ella es violatorio de las garantías del debido proceso y de la presunción de inocencia.
El CELS le solicitó a la AFI y al Ministerio de Seguridad el acceso a información sobre la protesta social, las organizaciones y las decisiones tomadas desde el Estado frente a los episodios que sucedieron hace ya 20 años. El requerimiento abarca un lapso de tiempo desde agosto de 2001 hasta septiembre de 2002. A partir de esos datos se busca reconstruir la verdad y la memoria sobre la respuesta estatal que reprimió la movilización social y política.
A 20 años del 19 y 20 de diciembre de 2001, convocamos a debatir una propuesta integral de Ley nacional de protección de las protestas y manifestaciones públicas.
En este aniversario de 2001, nos encontramos en las redes y en la calle para conversar sobre la política, la transformación, el Estado, la organización, la construcción colectiva, la movilización social y el activismo. Acá podés acceder a un resumen de las actividades.
Este jueves se realizará una audiencia para revisar los montos impuestos a los funcionarios políticos y policiales juzgados en 2016. Mientras tanto, el poder judicial sigue sin avanzar en la investigación de quienes dispararon con balas de plomo contra les manifestantes.
Realizamos una presentación contra el Estado argentino por el proceso de hostigamiento y criminalización que vive Sala y la organización Tupac Amaru desde que fue detenida en 2016. La política del gobierno de Jujuy es más amplia y busca desmovilizar y limitar el derecho a la protesta en la provincia.
A dos mil días de su detención arbitraria, continúa el hostigamiento y persecución tanto a ella como a sus allegades y a la organización social Tupac Amaru de parte de altos funcionaries de la provincia de Jujuy.
Les formoseñes salieron a la calle a reclamar contra el endurecimiento del aislamiento por COVID y el gobierno respondió con balas de goma y gases lacrimógenos. Hubo decenas de personas detenidas.
La Cámara Federal de San Martín realizará una audiencia para analizar los procesamientos de nueve manifestantes que en 2014 reclamaban contra despidos en la automotriz. El CELS se presentó en la causa para pedir los sobreseimientos.
La publicación es una recopilación de historias que muestra cómo el uso de estos programas de vigilancia afecta los derechos y la vida cotidiana de los ciudadanos en 13 países de América, África, Europa, Asia y Australia. Destaca la necesidad de más protección de nuestros derechos.
El 16 de enero de 2016, Milagro Sala fue detenida por participar de una protesta social. Desde entonces permanece privada de la libertad de manera arbitraria. Comunicado de Andhes, Amnistía Internacional y el CELS.
Tras un año de manifestaciones callejeras en Chile, apoyamos al pueblo chileno en su reclamo por una nueva constitución que deje atrás las prácticas institucionales de la dictadura.
Este libro presenta los resultados de una investigación colectiva sobre las diversas formas en que víctimas y familiares se han afirmado como actores legítimos y portavoces de demandas de justicia.
Las manifestaciones estallaron en respuesta al asesinato de George Floyd por la policia de Minneapolis el lunes pasado. INCLO condena el uso desproporcionado de fuerza contra manifestantes y llama a la policia a actuar en concordancia con los estándares internacionales sobre el uso de fuerza en situación de control de multitudes.
Organizaciones de toda América advertimos al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre los riesgos de retroceso en los estándares de protección sobre el derecho a protestar.
La referente de la organización barrial Tupac Amaru lleva ya cuatro años resistiendo los efectos de la persecución política y el hostigamiento judicial: su detención arbitraria. Fue detenida por protestar y la causa que se inició contra ella en ese momento está por ser elevada a juicio. La libertad de expresión es objeto de persecución penal.
Desde el principio de las manifestaciones en Chile, las autoridades llevaron adelante una represión sostenida e indiscriminada impensable desde la salida de Pinochet. Quedó en evidencia que las armas “menos letales” son inadecuadas para la gestión de protestas.
La Cámara de Casación Federal debe confirmar la reapertura de la causa que investiga la muerte de Santiago Maldonado durante una violenta represión.
La misión visitó Santiago de Chile, Valparaíso y Temuco para reunirse con organizaciones de derechos humanos, de la sociedad civil, grupos y colectivos, así como con instituciones estatales. El resultado preliminar es un informe con el relevamiento de violaciones a los derechos humanos y recomentaciones al Estado chileno.
140 organizaciones de América latina se unen para denunciar las violaciones de los derechos humanos en Chile y Ecuador.
Entre les detenides de manera arbitraria frente al Consulado de Chile se encontraba Myriam Selhi, integrante del CELS.
Los organismos de derechos humanos de la Argentina abajo firmantes manifestamos nuestra más profunda preocupación por las graves violaciones a los derechos humanos que vive el hermano pueblo de Ecuador a la vez que repudiamos la represión a la protesta social llevada adelante por el gobierno de Lenín Moreno.
Las investigaciones de la represión en la comunidad mapuche el 1 de agosto de 2017 y de las escuchas telefónicas a les familiares de Santiago deben reabrirse.
Además de ordenar que se investigue el operativo, los jueces consideraron que el ministerio de Seguridad tiene el “propósito de condicionar el curso de la pesquisa”.
La INCLO reconstruyó once historias de personas heridas durante protestas en distintas partes del mundo. Sobre esto hablamos en Niceto, en una entrevista colectiva.
La detención de los cuatro trabajadores es un nuevo ejemplo de criminalización de la protesta, del uso indiscriminado e injustificado de la prisión preventiva y de una aplicación peligrosa del derecho penal.
La represión en la feria de San Telmo y las detenciones arbitrarias son expresión de la política de intervención violenta de la Policía de la ciudad frente a acciones en el espacio público.
Hace cuatro meses, 17 personas fueron detenidas durante las protestas contra el presupuesto nacional. Distintos funcionarios públicos pidieron la expulsión del país de las que eran migrantes. Ahora, las investigaciones contra ellos fueron archivadas.