Hace cuatro meses, 17 personas fueron detenidas durante las protestas contra el presupuesto nacional. Distintos funcionarios públicos pidieron la expulsión del país de las que eran migrantes. Ahora, las investigaciones contra ellos fueron archivadas.
La líder de la organización barrial Tupac Amaru cumplió tres años de detención arbitraria y persecución política. La primera causa por la que fue detenida fue iniciada para criminalizar las protestas de su agrupación. Desde ese día, hubo un entramado de “acusaciones consecutivas” para sostener la privación de su libertad por tiempo indefinido.
El juez Gustavo Lleral decidió cerrar la investigación sin tener en cuenta que ocurrió en el contexto de un operativo represivo.
Con la excusa de la reunión del G20, el gobierno está promoviendo la construcción de enemigos internos e intenta justificar niveles aun mayores de persecución de la disidencia política y de represión y criminalización de la protesta.
El cuadro de persecución que el Estado viene desplegando sobre Milagro Sala persiste, a pesar de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y de la Corte Suprema de Justicia. Enviamos información actualizada sobre su situación a la Corte IDH.
La escalada represiva contra la protesta social se ha profundizado en la Argentina durante 2018. Enviamos este informe actualizado a las relatorías para la libertad de expresión de la CIDH y de la ONU.
En la represión de la protesta del 24 de octubre, la policía detuvo a militantes sociales y políticos. Además, el gobierno nacional amenazó con deportar a los migrantes que fueron detenidos.
La policía provincial reprimió al finalizar el 33° ENM. Hubo mujeres hospitalizadas con impactos de bala de goma de la cintura hacia arriba y disparados a corta distancia. Detuvieron a diez encuentreras y les iniciaron causas por “atentado y resistencia a la autoridad y daños”. La defensa pública pidió que se investigue el accionar policial ya que, además, hubo irregularidades en el procedimiento.
En una causa, el fiscal Germán Moldes sostuvo que un policía que participó en la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 ya no debe ser investigado. En otra decidió revocar el sobreseimiento de un grupo de manifestantes.
La Cámara Federal de Casación Penal revocó los sobreseimientos de personas que se encontraban realizando trabajo periodístico durante una protesta. La labor de registro es fundamental para el ejercicio de los derechos de quienes se manifiestan y del derecho a la comunicación. Además de un mensaje contra el derecho constitucional a la protesta, el Poder Judicial no ejerce su función de control del accionar policial en esos contextos.
El CELS volvió a solicitar la destrucción de las escuchas telefónicas ordenadas por el ex juez de la causa. Además pidió la incorporación del informe final realizado por la procuraduría especializada en violencia institucional del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
En un fallo unánime, la Corte Suprema de Justicia de la Nación requirió a la justicia de Jujuy que adopte con carácter urgente las medidas necesarias para salvaguardar la vida, integridad personal y salud de Milagro Sala, tal como dispuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Desde el 7 de agosto, Milagro Sala está detenida en una cárcel federal, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó que no estuviera encarcelada por el riesgo que implicaba para su integridad personal. Ampliamos la denuncia que hicimos ante la Corte IDH sobre este incumplimiento por parte del Estado nacional y provincial.
Por orden del juez Pullen Llermanos, Milagro Sala fue trasladada la noche del 7 de agosto a una cárcel federal en la provincia de Salta. Esta situación constituye un palmario incumplimiento de las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y ratificadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Amnistía Internacional, Andhes y el CELS denunciamos el incumplimiento a la Corte IDH.
La represión de la protesta social por parte de las fuerzas de seguridad nicaragüenses y grupos parapoliciales ha provocado al menos 273 muertos y 1800 heridos en los últimos tres meses. Lo que empezó con manifestaciones en contra de una reforma previsional se ha transformado en una crisis de derechos humanos.
La investigación conjunta de la red INCLO (International Network of Civil Liberties Organizations) y la IHRC (International Human Rights Clinic of the University of Chicago Law School) ofrece recomendaciones prácticas para la protección estatal de los derechos humanos en protestas y manifestaciones.
La represión de la protesta social en Nicaragua ha dejado un saldo de al menos 154 personas asesinadas y más de 1.300 personas heridas en los últimos dos meses. Se envió una carta a los cancilleres de los 35 Estados miembros de la OEA para pedir que sigan de cerca el Diálogo Nacional que está por reanudarse y actúen para promover una salida pacífica y negociada a la crisis que atraviesa el país.
El gobierno provincial reprimió una protesta de las comunidades indígenas de Salta, que reclamaban por las condiciones de precaridad extrema en las que viven desde las inundaciones del río Pilcomayo. Dos referentes de la comunidad fueron detenidos.
El sábado 14, fueron detenidos dirigentes sociales jujeños por haber participado de una protesta contra las políticas del oficialismo provincial. Se trata de la continuidad del clima de persecución política que se vive en Jujuy.
Organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos participamos hoy en una audiencia convocada por la CIDH sobre el derecho a la protesta en la Argentina, en la que también estuvieron presentes representantes del Estado nacional.
Desde comienzos de 2016 el Gobierno Nacional tomó decisiones y emitió claros mensajes intimidatorios hacia las personas involucradas en protestas y otras formas de conflictividad social, en un contexto en el cual esta conflictividad viene en aumento debido a una serie de medidas económicas y sociales de carácter regresivo. En este informe presentamos los aspectos de esta escalada que consideramos más problemáticos.
En un contexto de escalada represiva de la protesta social durante 2017, se reiteraron situaciones graves de violencia policial contra las y los manifestantes que afectaron también a periodistas, reporteros gráficos, camarógrafos y asistentes. En un documento conjunto de SiPreBA y el CELS, reunimos información sobre las consecuencias de estas represiones.
El juez sobreseyó a las y los manifestantes que estaban imputados: confirmó que no hay pruebas para relacionarlos con los delitos de los que se les acusaba.
Junto a ACVI elaboramos estos videos para analizar lo que dejó la investigación del crimen. Una condena histórica y la resistencia del poder justicial para investigarse a si mismo.
Hace dos años, Milagro Sala fue detenida en una causa promovida para criminalizar las protestas que ella lideraba. Desde entonces, permanece privada de la libertad de manera arbitraria, en contra de lo indicado por las instancias más importantes del sistema internacional de protección de los derechos humanos. Comunicado conjunto con Amnistía Internacional y Andhes.
Siete personas continúan detenidas por hechos relacionados con las protestas del 14 y el 18 de diciembre, en el marco de causas penales de carácter federal. Estas detenciones prolongadas con argumentos endebles implican procesos de criminalización muy preocupantes. Esta situación profundiza, además, el deterioro de las condiciones en las que se desenvuelve el proceso penal dificultando el derecho de defensa.
Seis organizaciones sindicales y de derechos humanos denunciamos ante la CIDH la situación del sindicato de obreros del Ingenio La Esperanza, reprimido y criminalizado por llevar adelante una protesta.
Los nuevos contenidos publicados en nuestra plataforma Protestar es un derecho recorren el mundo: desde Kenia, Hungría y Australia hasta Perú, Canadá y la Argentina. Las amenazas a este derecho fundamental se pueden ver en las calles, con represiones violentas, y también en la vigilancia estatal y persecución judicial. Este proyecto on line fue desarrollado entre openDemocracy, el CELS y la red INCLO, con el apoyo de la ACLU.
El incremento de los heridos y la gravedad de varios de los casos enciende señales de alarma sobre cómo se está utilizando la fuerza estatal para responder a las protestas, con intervenciones que amenazan la integridad física y ponen en riesgo a los manifestantes. La ausencia de protección y la represión reiterada de las movilizaciones públicas son mensajes preocupantes que buscan limitar el ejercicio de un derecho fundamental.
Este Informe se cierra en una coyuntura muy particular en materia de derechos humanos. Una cantidad de decisiones, medidas y hechos afectan negativamente cuestiones críticas de la agenda y los mecanismos de protección de derechos en la Argentina. Señalamos una preocupante convergencia de acciones y decisiones políticas y judiciales que erosionan aspectos nodales del sistema de derechos humanos en el país.
Hoy se cumplen 16 años de que Gastón Riva, Carlos Almirón, Diego Lamagna, Gustavo Benedetto y Alberto Márquez fueron asesinados como consecuencia de la orden de reprimir las protestas que ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires el 20 de diciembre de 2001. Decenas de personas resultaron heridas. En 2016, el Poder Judicial estableció que los funcionarios políticos son responsables penalmente de las consecuencias que tiene la orden de reprimir una protesta.
Operativo intimidatorio y violento. Detenciones arbitrarias. Imputación por un delito federal. Aval de las autoridades políticas a la violencia policial. Falta de un marco normativo específico para regular la intervención de fuerzas federales en las protestas. Las intimidaciones por parte de las autoridades políticas, las acciones violentas de las fuerzas de seguridad y la convalidación por parte del poder judicial son formas de limitar el derecho a la protesta.
Una retrospectiva que parece actual, en el museo del GAC la escena política del presente llama a nuevas resistencias y a formar multitudes en las calles.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) había ordenado medidas de protección para garantizar la vida, integridad personal y salud de Milagro Sala.
El Estado argentino tiene la obligación de cumplir la resolución de la Corte Interamericana antes del 15 de diciembre.
Hoy se realizó una conferencia de prensa en el CELS sobre la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual ordenó que el Estado adopte de manera inmediata las “medidas de protección que sean necesarias” para garantizar la vida, integridad personal y salud de Milagro Sala.
Rafael Nahuel murió como consecuencia de un disparo de arma de fuego realizado por el grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina. Pedimos al Ministerio de Seguridad que informe los motivos por los cuales involucró a este grupo, de rasgos militarizados, para intervenir en un conflicto social. También solicitamos información sobre la investigación del operativo que se llevará adelante.
Hoy se conocieron los resultados de la autopsia de Santiago Maldonado. Presentamos en 10 preguntas y respuestas los aspectos principales del caso y cuáles son las responsabilidades del Estado en lo ocurrido desde el 1 de agosto.
El 24 de noviembre de 2017 se conocieron los resultados de la autopsia de Santiago Maldonado. En este documento presentamos diez preguntas y respuestas con los aspectos principales del caso y las responsabilidades del Estado en lo ocurrido desde el 1 de agosto.
Verboamérica es una exhibición performativa y temporal, y pone en evidencia la crisis de la linealidad y unicidad del tiempo histórico que ha tenido lugar durante la globalización. La exposición de la colección permanente del MALBA fue curada por la historiadora e investigadora Andrea Giunta y por Agustín Pérez Rubio, director artístico del museo.
La CIDH consideró que se cumplen “los requisitos de extrema gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable” previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Las detenciones realizadas luego de la movilización a un mes de la desaparición de Santiago y los procesamientos posteriores muestran un mensaje de disciplinamiento que limita el derecho a la protesta social.
A propósito de las versiones falsas publicadas por algunos medios de comunicación sobre la participación del CELS en el caso Santiago Maldonado.
En una reunión de trabajo convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes de Amnistía Internacional y el CELS alertaron sobre el agravamiento de los riesgos que ella enfrenta.
Después de su procesamiento y detención en el contexto de una protesta social, la Cámara de Apelaciones revocó esas medidas. La criminalización del dirigente indígena tiene su origen en la reivindicación de sus territorios ancestrales.
Hace 7 años Mariano Ferreyra fue asesinado cuando participaba de una protesta de trabajadores tercerizados del Roca. La causa por su muerte terminó con condenas. La que debía investigar los intentos de sobornos para conseguir impunidad judicial terminó cerrada.
Nos sumamos al pedido de la familia de esperar a que se realicen los procedimientos correspondientes. El Estado debe cumplir con su obligación de garantizar una investigación que conduzca a la verdad y a la justicia.
Milagro Sala fue trasladada el sábado al penal de Alto Comedero, sin que sus abogados fueran notificados. Al mediodía realizamos una conferencia de prensa en el CELS de la que participaron Elizabeth Gómez Alcorta, abogada de Sala, Horacio Verbitsky, presidente del CELS, y la directora del Equipo de Trabajo Internacional, Gabriela Kletzel.
Presentamos una plataforma on line que reúne contenidos sobre el derecho a la protesta, mientras las manifestaciones se multiplican en todo el mundo y la respuesta de los Estados es, muchas veces, violenta. Este proyecto fue desarrollado entre openDemocracy, el CELS y la red INCLO, con el apoyo de la ACLU.
Hoy la Cámara de Apelaciones y Control de Jujuy revocó la prisión domiciliaria de Milagro Sala, sin dar a conocer los fundamentos de esta decisión. Esta medida es un incumplimiento absoluto de la medida cautelar dispuesta por la CIDH. El Estado federal, garante de las obligaciones internacionales de la Argentina, debe tomar a la brevedad todas las medidas necesarias para el pleno acatamiento de la Resolución 23/2017.