La represión de la protesta social en Nicaragua ha dejado un saldo de al menos 154 personas asesinadas y más de 1.300 personas heridas en los últimos dos meses. Se envió una carta a los cancilleres de los 35 Estados miembros de la OEA para pedir que sigan de cerca el Diálogo Nacional que está por reanudarse y actúen para promover una salida pacífica y negociada a la crisis que atraviesa el país.
El gobierno provincial reprimió una protesta de las comunidades indígenas de Salta, que reclamaban por las condiciones de precaridad extrema en las que viven desde las inundaciones del río Pilcomayo. Dos referentes de la comunidad fueron detenidos.
El sábado 14, fueron detenidos dirigentes sociales jujeños por haber participado de una protesta contra las políticas del oficialismo provincial. Se trata de la continuidad del clima de persecución política que se vive en Jujuy.
Organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos participamos hoy en una audiencia convocada por la CIDH sobre el derecho a la protesta en la Argentina, en la que también estuvieron presentes representantes del Estado nacional.
Desde comienzos de 2016 el Gobierno Nacional tomó decisiones y emitió claros mensajes intimidatorios hacia las personas involucradas en protestas y otras formas de conflictividad social, en un contexto en el cual esta conflictividad viene en aumento debido a una serie de medidas económicas y sociales de carácter regresivo. En este informe presentamos los aspectos de esta escalada que consideramos más problemáticos.
En un contexto de escalada represiva de la protesta social durante 2017, se reiteraron situaciones graves de violencia policial contra las y los manifestantes que afectaron también a periodistas, reporteros gráficos, camarógrafos y asistentes. En un documento conjunto de SiPreBA y el CELS, reunimos información sobre las consecuencias de estas represiones.
El juez sobreseyó a las y los manifestantes que estaban imputados: confirmó que no hay pruebas para relacionarlos con los delitos de los que se les acusaba.
Junto a ACVI elaboramos estos videos para analizar lo que dejó la investigación del crimen. Una condena histórica y la resistencia del poder justicial para investigarse a si mismo.
Hace dos años, Milagro Sala fue detenida en una causa promovida para criminalizar las protestas que ella lideraba. Desde entonces, permanece privada de la libertad de manera arbitraria, en contra de lo indicado por las instancias más importantes del sistema internacional de protección de los derechos humanos. Comunicado conjunto con Amnistía Internacional y Andhes.
Siete personas continúan detenidas por hechos relacionados con las protestas del 14 y el 18 de diciembre, en el marco de causas penales de carácter federal. Estas detenciones prolongadas con argumentos endebles implican procesos de criminalización muy preocupantes. Esta situación profundiza, además, el deterioro de las condiciones en las que se desenvuelve el proceso penal dificultando el derecho de defensa.
Seis organizaciones sindicales y de derechos humanos denunciamos ante la CIDH la situación del sindicato de obreros del Ingenio La Esperanza, reprimido y criminalizado por llevar adelante una protesta.
Los nuevos contenidos publicados en nuestra plataforma Protestar es un derecho recorren el mundo: desde Kenia, Hungría y Australia hasta Perú, Canadá y la Argentina. Las amenazas a este derecho fundamental se pueden ver en las calles, con represiones violentas, y también en la vigilancia estatal y persecución judicial. Este proyecto on line fue desarrollado entre openDemocracy, el CELS y la red INCLO, con el apoyo de la ACLU.
El incremento de los heridos y la gravedad de varios de los casos enciende señales de alarma sobre cómo se está utilizando la fuerza estatal para responder a las protestas, con intervenciones que amenazan la integridad física y ponen en riesgo a los manifestantes. La ausencia de protección y la represión reiterada de las movilizaciones públicas son mensajes preocupantes que buscan limitar el ejercicio de un derecho fundamental.
Este Informe se cierra en una coyuntura muy particular en materia de derechos humanos. Una cantidad de decisiones, medidas y hechos afectan negativamente cuestiones críticas de la agenda y los mecanismos de protección de derechos en la Argentina. Señalamos una preocupante convergencia de acciones y decisiones políticas y judiciales que erosionan aspectos nodales del sistema de derechos humanos en el país.
Hoy se cumplen 16 años de que Gastón Riva, Carlos Almirón, Diego Lamagna, Gustavo Benedetto y Alberto Márquez fueron asesinados como consecuencia de la orden de reprimir las protestas que ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires el 20 de diciembre de 2001. Decenas de personas resultaron heridas. En 2016, el Poder Judicial estableció que los funcionarios políticos son responsables penalmente de las consecuencias que tiene la orden de reprimir una protesta.
Operativo intimidatorio y violento. Detenciones arbitrarias. Imputación por un delito federal. Aval de las autoridades políticas a la violencia policial. Falta de un marco normativo específico para regular la intervención de fuerzas federales en las protestas. Las intimidaciones por parte de las autoridades políticas, las acciones violentas de las fuerzas de seguridad y la convalidación por parte del poder judicial son formas de limitar el derecho a la protesta.
Una retrospectiva que parece actual, en el museo del GAC la escena política del presente llama a nuevas resistencias y a formar multitudes en las calles.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) había ordenado medidas de protección para garantizar la vida, integridad personal y salud de Milagro Sala.
El Estado argentino tiene la obligación de cumplir la resolución de la Corte Interamericana antes del 15 de diciembre.
Hoy se realizó una conferencia de prensa en el CELS sobre la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual ordenó que el Estado adopte de manera inmediata las “medidas de protección que sean necesarias” para garantizar la vida, integridad personal y salud de Milagro Sala.
Rafael Nahuel murió como consecuencia de un disparo de arma de fuego realizado por el grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina. Pedimos al Ministerio de Seguridad que informe los motivos por los cuales involucró a este grupo, de rasgos militarizados, para intervenir en un conflicto social. También solicitamos información sobre la investigación del operativo que se llevará adelante.
Hoy se conocieron los resultados de la autopsia de Santiago Maldonado. Presentamos en 10 preguntas y respuestas los aspectos principales del caso y cuáles son las responsabilidades del Estado en lo ocurrido desde el 1 de agosto.
El 24 de noviembre de 2017 se conocieron los resultados de la autopsia de Santiago Maldonado. En este documento presentamos diez preguntas y respuestas con los aspectos principales del caso y las responsabilidades del Estado en lo ocurrido desde el 1 de agosto.
Verboamérica es una exhibición performativa y temporal, y pone en evidencia la crisis de la linealidad y unicidad del tiempo histórico que ha tenido lugar durante la globalización. La exposición de la colección permanente del MALBA fue curada por la historiadora e investigadora Andrea Giunta y por Agustín Pérez Rubio, director artístico del museo.
La CIDH consideró que se cumplen “los requisitos de extrema gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable” previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Las detenciones realizadas luego de la movilización a un mes de la desaparición de Santiago y los procesamientos posteriores muestran un mensaje de disciplinamiento que limita el derecho a la protesta social.
A propósito de las versiones falsas publicadas por algunos medios de comunicación sobre la participación del CELS en el caso Santiago Maldonado.
En una reunión de trabajo convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes de Amnistía Internacional y el CELS alertaron sobre el agravamiento de los riesgos que ella enfrenta.
Después de su procesamiento y detención en el contexto de una protesta social, la Cámara de Apelaciones revocó esas medidas. La criminalización del dirigente indígena tiene su origen en la reivindicación de sus territorios ancestrales.
Hace 7 años Mariano Ferreyra fue asesinado cuando participaba de una protesta de trabajadores tercerizados del Roca. La causa por su muerte terminó con condenas. La que debía investigar los intentos de sobornos para conseguir impunidad judicial terminó cerrada.
Nos sumamos al pedido de la familia de esperar a que se realicen los procedimientos correspondientes. El Estado debe cumplir con su obligación de garantizar una investigación que conduzca a la verdad y a la justicia.
Milagro Sala fue trasladada el sábado al penal de Alto Comedero, sin que sus abogados fueran notificados. Al mediodía realizamos una conferencia de prensa en el CELS de la que participaron Elizabeth Gómez Alcorta, abogada de Sala, Horacio Verbitsky, presidente del CELS, y la directora del Equipo de Trabajo Internacional, Gabriela Kletzel.
Presentamos una plataforma on line que reúne contenidos sobre el derecho a la protesta, mientras las manifestaciones se multiplican en todo el mundo y la respuesta de los Estados es, muchas veces, violenta. Este proyecto fue desarrollado entre openDemocracy, el CELS y la red INCLO, con el apoyo de la ACLU.
Hoy la Cámara de Apelaciones y Control de Jujuy revocó la prisión domiciliaria de Milagro Sala, sin dar a conocer los fundamentos de esta decisión. Esta medida es un incumplimiento absoluto de la medida cautelar dispuesta por la CIDH. El Estado federal, garante de las obligaciones internacionales de la Argentina, debe tomar a la brevedad todas las medidas necesarias para el pleno acatamiento de la Resolución 23/2017.
El juez López Picabea impidió que representantes de los organismos pudieran visitar Agustín Santillán, detenido sin condena y criminalizado por la reivindicación histórica del territorio ancestral indígena.
Informe presentado al Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas sobre la respuesta del Estado argentino a la desaparición de Santiago Maldonado.
Hoy el CELS recusó al juez federal Guido Otranto, a cargo de la causa en la que se investiga la desaparición de Santiago Maldonado.
El Estado argentino no siguió los términos de la acción urgente 381/2017 de la ONU sobre la desaparición de Santiago Maldonado. En este informe solicitamos al Comité que requiera la adopción inmediata de las medidas esenciales que deben tomarse ante la desaparición de una persona.
Luego de que Casación cambiara su condena, de tentativa de homicidio simple a calificado, el TOC 4 de San Martín ajustó el monto de la pena por el correspondiente: 15 años y 6 meses.
Se realizó una conferencia de prensa en Esquel, a 35 días de la desaparición de Santiago Maldonado. Se señalaron las falencias en los primeros días de la investigación, el operativo violento en el que desapareció Santiago y las hipótesis que buscaron desviar la causa.
Represión policial y criminalización fueron las respuestas de los gobiernos nacional y de la ciudad y de la justicia federal a la masiva movilización que el viernes pidió por la aparición con vida de Santiago Maldonado. La Policía de la Ciudad volvió a incumplir las obligaciones que le fija la ley.
Hoy, en la ciudad de Córdoba fueron allanados once locales de distintos partidos políticos y organizaciones sociales. Se trata de un mensaje que busca intimidar a las organizaciones sociales y políticas.
El recorrido es el sábado. Hablaremos sobre las transformaciones de la protesta social, las respuestas estatales y las estrategias de los organismos para promover la protección de los derechos humanos .
Hoy se cumplen 10 días de que Santiago Maldonado fue visto por última vez mientras intentaba escapar de un operativo de la Gendarmería en el territorio de la comunidad Pu Lof Cushamen, en la provincia de Chubut. Hoy hubo una masiva concentración en la Plaza de Mayo para exigir su aparición con vida.
El Estado argentino debe tomar medidas urgentes para encontrar a Santiago Maldonado. Tambien debe actuar de inmediato para proteger a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, en el departamento de Cushamen, provincia de Chubut.
Como ya ha ocurrido en otras ocasiones recientes, la Gendarmería desplegó un operativo violento, disparó balas de plomo y de goma, no tomó ninguna precaución para proteger a niños y niñas presentes en el lugar y tuvo un proceder inexplicable que incluyó la quema de objetos pertenecientes a las familias, como sus ropas y mantas, acciones que tienen como único fin el amedrentamiento de sus integrantes.
Hoy a la mañana la Policía Bonaerense, apoyada por Gendarmería, ingresó a la planta de la empresa PepsiCo en la que permanecían trabajadores despedidos que reclaman ser reincorporados. Trabajadores, legisladores y trabajadores de prensa fueron golpeados, gaseados y heridos. Varias personas fueron detenidas.
El amicus presentado por el CELS plantea que la CSJN debe tener en cuenta que la muerte de Fuentealba se produjo durante una protesta y que es el propio Estado quien debe garantizar el libre ejercicio de ese derecho.
Los manifestantes detenidos en la última semana -ayer enfrente de Tribunales y el miércoles pasado en la Av. 9 de julio- fueron privados de la libertad por el delito de “intimidación pública”. Esto agrava la criminalización de la protesta social.
Agentes de la policía porteña incumplieron la Ley de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires: no estaban uniformados ni identificados cuando persiguieron y detuvieron a manifestantes. Ocurrió durante la represión de una protesta en la avenida 9 de Julio.